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País

El Gobierno reordenó organismos clave y puso bajo la órbita de Santilli el control de las telecomunicaciones

Un decreto oficializó una nueva reorganización en la estructura de la Jefatura de Gabinete.

Hoy 20:21

El Gobierno nacional oficializó una reestructuración de áreas estratégicas de la administración pública mediante un decreto que fortalece el rol del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y redefine el control de organismos vinculados a las telecomunicaciones, la conectividad y el acceso a la información.

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La medida establece que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) pasarán a depender directamente de Santilli, mientras que Arsat y el Correo Argentino quedarán bajo la supervisión del vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria.

El Ejecutivo aseguró que los cambios forman parte de un reordenamiento interno y que no implican la creación de nuevas estructuras, sino una redistribución de funciones luego de la incorporación de áreas que pertenecían al ex Ministerio del Interior.

Con esta decisión, Santilli concentrará el control de organismos considerados estratégicos, como el ENACOM, encargado de regular las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales, y la AAIP, responsable de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Por su parte, Coria tendrá a su cargo Arsat y el Correo Argentino, dos empresas públicas de relevancia para la conectividad nacional y la logística electoral. El Correo, además, atraviesa un proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno con vistas a su futura privatización.

La reorganización también redujo las competencias de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que continuará administrando organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros.

En el plano político, la decisión fue interpretada dentro del oficialismo como un fortalecimiento del sector alineado con Karina Milei, aunque otras voces sostienen que se trató de un acuerdo interno para redistribuir responsabilidades sin desplazar a los actuales funcionarios de los organismos involucrados.