Malvinas: el Gobierno envió al Congreso un proyecto que endurece las sanciones y prevé penas de hasta 20 años de prisión

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra personas y empresas que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sin autorización de las autoridades argentinas. 

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El texto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el ministro de Economía Luis Caputo. La iniciativa había sido anunciada por Milei el pasado 3 de septiembre, en el marco de las medidas adoptadas por el avance del proyecto petrolero Sea Lion. 

Penas de hasta 20 años

Uno de los principales cambios planteados es reemplazar el régimen de la Ley 26.659, hasta ahora concentrado principalmente en actividades hidrocarburíferas, por otro de mayor alcance que abarque el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables. 

El proyecto establece multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para operar en el país. 

Las sanciones penales se endurecen para determinadas actividades vinculadas con recursos no renovables. La exploración o explotación sin autorización argentina podría tener penas de 12 a 20 años de prisión, mientras que para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos se contemplan condenas de 15 a 20 años y multas de hasta el equivalente a tres millones de barriles. 

El régimen también alcanzaría a proveedores que suministren bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino. Para esos casos, el proyecto contempla penas de entre cinco y siete años, además de restricciones para las empresas involucradas, como la imposibilidad de contratar con el Estado o desarrollar determinadas actividades económicas en Argentina. 

Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional

La iniciativa va más allá de la cuestión de los recursos naturales y propone crear un Sistema de Seguridad Nacional que coordine áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, militares, de inteligencia y ciberseguridad. Su órgano rector sería un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente. 

El proyecto también incorpora un régimen para la protección de infraestructura crítica y establece procedimientos frente a aeronaves y embarcaciones consideradas hostiles. En el ámbito marítimo, prevé una secuencia que incluye advertencias, maniobras de interposición y disparos de advertencia, mientras que el hundimiento de un buque quedaría reservado para situaciones militares excepcionales y requeriría autorización presidencial. 

El proyecto Sea Lion, detrás de la iniciativa

La presentación se produce en medio de la disputa por el desarrollo de Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, al norte de las Malvinas. El Gobierno argentino considera que esas actividades requieren autorización nacional y anunció a comienzos de septiembre una batería de medidas legales y económicas contra las compañías involucradas. 

Además, esta semana la Justicia federal de Río Grande dictó una medida cautelar que ordenó a ambas empresas abstenerse de avanzar con determinadas obras vinculadas al proyecto, en una causa iniciada por organizaciones argentinas. La resolución forma parte de un frente judicial separado del proyecto legislativo ahora enviado al Congreso. 

Con el texto ya ingresado en Diputados, comenzará ahora la discusión parlamentaria para definir qué comisiones intervendrán y qué respaldo consigue el oficialismo. La iniciativa deberá ser aprobada por ambas cámaras antes de convertirse en ley.