Desarticulan una red de estafas en Jujuy vinculada a la identidad de Rosatti

Cuatro internos del penal de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, han sido procesados con prisión preventiva por el juez federal Julián Ercolini debido a su participación en una organización delictiva dedicada a realizar estafas y extorsiones. Esta red operaba desde el interior del establecimiento penitenciario, utilizando la identidad del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

Los procesados, identificados como Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, han sido considerados por el magistrado como miembros de una asociación ilícita que incurrió en delitos de estafa, extorsión y usurpación de autoridad. La investigación sugiere que esta banda criminal funcionó al menos desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025.

El Establecimiento Penitenciario N° 7 del Servicio Penitenciario de Jujuy, ubicado en el barrio Alto Comedero, fue el centro de operaciones de esta red. Los internos empleaban diversas líneas telefónicas, tarjetas SIM y cuentas bancarias para recopilar información sobre personas detenidas y sus familiares. Esta información era crucial para llevar a cabo sus engaños.

La suplantación de identidad fue el eje central de la maniobra delictiva. Los acusados se hacían pasar por Rosatti, utilizando su nombre y cargo, además de crear perfiles de WhatsApp que incluían fotografías del presidente de la Corte y del edificio de Tribunales. Con esta falsa identidad, contactaban a dependencias policiales y penitenciarias para obtener datos personales y administrativos de los detenidos.

A continuación, los delincuentes se comunicaban con familiares de las víctimas, exigiendo sumas de dinero a cambio de promesas de libertad, fianzas o trámites judiciales. Además, la banda implementó otra modalidad delictiva, simulando representar a empresas privadas y ofreciendo premios falsos, lo que resultó en transferencias de dinero por supuestos “gastos de trámite”.

La investigación comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando un hombre se comunicó con el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina haciéndose pasar por "el doctor Horacio Rosatti". Este llamado fue rastreado hasta el penal jujeño, lo que llevó a una serie de intervenciones telefónicas y allanamientos en el establecimiento.

Durante las requisas realizadas en diciembre de 2024, se incautaron teléfonos celulares y documentación que contenía información sobre alias y cuentas vinculadas a las maniobras delictivas. Entre las víctimas se encuentran individuos que transfirieron sumas significativas de dinero bajo engaños.

El juez Ercolini ha dispuesto embargos sobre los bienes y cuentas de los cuatro procesados, fijando un monto de $5.000.000 para cada uno, y ha notificado a las autoridades correspondientes sobre esta decisión judicial.