Fuertes críticas de la oposición tras el dictamen fiscal que descartó el enriquecimiento ilícito de Adorni

La decisión del fiscal Gerardo Pollicita de considerar que no existió enriquecimiento ilícito en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni desató una ola de cuestionamientos por parte de dirigentes opositores y referentes políticos. Las críticas apuntaron tanto a los argumentos utilizados para analizar la evolución económica del exjefe de Gabinete como al posible traslado de la causa desde los tribunales de Comodoro Py hacia el fuero Penal Económico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien calificó la situación como una burla a los argentinos. El legislador cuestionó que Adorni pudiera justificar parte de su crecimiento patrimonial mediante supuestos ingresos provenientes de operaciones con criptomonedas y puso el foco en movimientos de dinero que, según denunció, superarían los 400.000 dólares en efectivo.

Ferraro también hizo referencia a los fondos que habrían sido destinados a la adquisición de propiedades, obras, viajes y vuelos privados, y cuestionó que esos movimientos no hubieran derivado en una investigación con mayores exigencias sobre el origen del dinero.

Desde el Partido Obrero, Gabriel Solano también expresó su rechazo al criterio del fiscal. El dirigente habló de una “justicia de clase” y cuestionó el desempeño de Pollicita, a quien acusó de actuar con dureza contra integrantes de organizaciones piqueteras mientras, en este expediente, avanzaría hacia una resolución favorable al exfuncionario.

<WritingBlock id="62418" variant="document"># Fuertes críticas de la oposición tras el dictamen fiscal que descartó el enriquecimiento ilícito de Adorni

Dirigentes de distintos espacios cuestionaron la decisión del fiscal Gerardo Pollicita sobre la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete. Maximiliano Ferraro, Gabriel Solano, María Eugenia Talerico y Gregorio Dalbón denunciaron irregularidades y pusieron en duda el avance de la investigación.

La decisión del fiscal Gerardo Pollicita de considerar que no existió enriquecimiento ilícito en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni desató una ola de cuestionamientos por parte de dirigentes opositores y referentes políticos. Las críticas apuntaron tanto a los argumentos utilizados para analizar la evolución económica del exjefe de Gabinete como al posible traslado de la causa desde los tribunales de Comodoro Py hacia el fuero Penal Económico.

Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien calificó la situación como una burla a los argentinos. El legislador cuestionó que Adorni pudiera justificar parte de su crecimiento patrimonial mediante supuestos ingresos provenientes de operaciones con criptomonedas y puso el foco en movimientos de dinero que, según denunció, superarían los 400.000 dólares en efectivo.

Ferraro también hizo referencia a los fondos que habrían sido destinados a la adquisición de propiedades, obras, viajes y vuelos privados, y cuestionó que esos movimientos no hubieran derivado en una investigación con mayores exigencias sobre el origen del dinero.

Desde el Partido Obrero, Gabriel Solano también expresó su rechazo al criterio del fiscal. El dirigente habló de una “justicia de clase” y cuestionó el desempeño de Pollicita, a quien acusó de actuar con dureza contra integrantes de organizaciones piqueteras mientras, en este expediente, avanzaría hacia una resolución favorable al exfuncionario.

Otra de las dirigentes que se sumó a los cuestionamientos fue María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF). La abogada sostuvo que la visita del papa León XIV estaría siendo utilizada para correr el foco de la atención pública sobre las denuncias que involucran a Adorni. “Usan al Santo Padre para tapar la corrupción de Adorni”, expresó.

Talerico también manifestó sus reparos ante la posibilidad de que el expediente pase al fuero Penal Económico y apuntó contra el juez Ariel Lijo, al recordar su intervención en la investigación por el caso $LIBRA. Además, cuestionó que el exjefe de Gabinete no haya sido convocado a prestar declaración indagatoria, pese a los indicios sobre presuntos movimientos de dólares y operaciones con criptomonedas que, según planteó, no habrían sido debidamente declarados.

En la misma línea, la diputada bonaerense de la Coalición Cívica Mónica Frade puso en duda los argumentos utilizados para analizar la evolución patrimonial del exfuncionario. La legisladora sostuvo que, por las características del delito de enriquecimiento ilícito, correspondía que el propio funcionario investigado explicara y justificara el origen de los bienes y recursos acumulados.

Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Cristina Fernández de Kirchner, trazó un paralelismo entre la investigación sobre Adorni y el expediente por el caso $LIBRA. El letrado cuestionó el desempeño de los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano y advirtió sobre la posibilidad de que ambas causas concluyan sin que se profundicen aspectos centrales de las denuncias.

Dalbón también planteó interrogantes sobre las decisiones adoptadas en el ámbito judicial y puso en discusión la independencia de los funcionarios que intervienen en las investigaciones cuando los expedientes involucran a personas vinculadas con el poder político.

Finalmente, reclamó que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que avance en el análisis de las presuntas irregularidades relacionadas con el patrimonio del exjefe de Gabinete.

Las distintas reacciones dejaron en evidencia el rechazo de referentes opositores al rumbo que tomó la investigación sobre Adorni. El eventual traslado del expediente desde Comodoro Py al fuero Penal Económico también quedó en el centro de la controversia, mientras continúan los cuestionamientos sobre la justificación de los bienes y movimientos financieros atribuidos al exfuncionario.