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La Justicia ordenó clausurar una estancia de Lázaro Báez en una investigación por lavado de dinero

El juez federal Claudio Vázquez dispuso el cierre preventivo de La Entrerriana, en Santa Cruz, y ordenó establecer una custodia policial permanente.

Hoy 17:46
Lázaro Báez

La Justicia Federal de Río Gallegos ordenó la clausura cautelar de la estancia La Entrerriana, vinculada al empresario Lázaro Báez, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

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La decisión fue adoptada por el juez federal Claudio Vázquez, a pedido del fiscal Julio César Zárate, y contempla la implementación de una consigna policial permanente para impedir que se oculten, alteren o sustraigan bienes del establecimiento.

La resolución fue firmada el 17 de noviembre y establece que la clausura permanecerá vigente hasta que exista una nueva disposición judicial, sin un plazo de finalización determinado.

Qué encontró la Justicia en la estancia

Durante los procedimientos realizados en La Entrerriana, los investigadores completaron un relevamiento de animales y contabilizaron 96 bovinos y 203 ovinos.

Además, detectaron ejemplares con marcas correspondientes a otros establecimientos rurales y algunos animales cuya identificación no pudo determinarse.

En el lugar también se encontraron vehículos y motovehículos, que quedaron inmovilizados dentro de la propiedad como parte de las medidas de preservación de bienes.

Ante la imposibilidad de trasladar los elementos secuestrados a instalaciones judiciales convencionales, la Fiscalía solicitó mantener el establecimiento bajo vigilancia.

El magistrado consideró que existía riesgo de alteración, ocultamiento o sustracción de bienes, por lo que dispuso el cierre preventivo del campo.

Investigan si Báez administraba propiedades desde la cárcel

La medida forma parte de una investigación que busca determinar si Lázaro Báez continuaba administrando y explotando comercialmente establecimientos rurales embargados mientras permanecía detenido.

El empresario cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad, en el penal de Ezeiza.

Los investigadores analizan presuntas operaciones comerciales y movimientos de bienes vinculados con propiedades rurales de Santa Cruz.

Por el momento, las maniobras investigadas constituyen hipótesis judiciales que deberán ser esclarecidas durante el proceso.

Permitieron el ingreso de personal para cuidar a los animales

Pese a la clausura, el juez estableció excepciones para garantizar el bienestar de los animales que permanecen en el establecimiento.

La resolución autoriza el ingreso controlado de cuidadores, veterinarios y personal sanitario, con el objetivo de asegurar la provisión de agua, alimentos y atención médica.

Estas tareas deberán desarrollarse bajo supervisión y sin afectar las medidas de preservación dispuestas por la Justicia.

Otra estancia también quedó bajo investigación

La resolución judicial también menciona a Alquinta, otro establecimiento rural vinculado con Báez que fue inspeccionado.

En ese lugar, los investigadores realizaron un recuento parcial de 1.308 ovinos, de los cuales 22 presentaban señales correspondientes a terceros.

También identificaron seis bovinos con marcas ilegibles o alteradas.

Las tareas de relevamiento debieron suspenderse temporalmente debido al período de parición de las ovejas y a los riesgos que podían representar los procedimientos para los animales.

A diferencia de lo ocurrido con La Entrerriana, la Justicia no ordenó clausurar Alquinta, aunque dispuso mantener medidas de preservación y garantizar el cuidado de la hacienda.

Finalmente, el magistrado ordenó informar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los bienes identificados y las dificultades operativas encontradas.

De esta manera, la investigación sobre las propiedades rurales vinculadas con Lázaro Báez continúa avanzando, mientras la Justicia busca determinar el origen, la administración y la situación patrimonial de los bienes involucrados.