Diego Luciani y Sergio Mola advirtieron sobre un posible conflicto de intereses en el proceso de tasación de los bienes sujetos a decomiso. Además, reclamaron avances en la ejecución de la sentencia.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron apartar a uno de los peritos designados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, luego de detectar vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez, también condenado en el expediente.
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La presentación fue realizada ante el Tribunal Oral Federal N° 2 y apunta a Sergio Felipe Pejkovic, un empresario inmobiliario de Río Gallegos que fue propuesto por la defensa de la expresidenta para participar en la valuación de las propiedades alcanzadas por el decomiso.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que los antecedentes comerciales del profesional podrían configurar un conflicto de intereses y comprometer la objetividad de las tareas encomendadas.
Los vínculos surgieron a partir de otra investigación judicial que busca determinar si Báez continuó administrando y explotando sus propiedades desde la cárcel. Entre los elementos incorporados figura una comunicación telefónica entre el tasador y Cristian Ibáñez, un hombre cercano al empresario.
Asimismo, los investigadores identificaron una operación inmobiliaria realizada en 2007 que involucró a Pejkovic y a Austral Construcciones, la compañía de Báez.
Ante estos antecedentes, Luciani y Mola solicitaron que el profesional declare bajo juramento qué relaciones mantuvo o mantiene con el empresario y su entorno. Hasta que se esclarezca esa situación, pidieron excluirlo de las inspecciones y tasaciones de los bienes vinculados a Báez.
Los fiscales también cuestionaron la falta de avances informados en la valuación de las propiedades y reclamaron al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema que detalle las tareas realizadas hasta el momento.
Las tasaciones fueron ordenadas en noviembre de 2025 y resultan fundamentales para concretar el decomiso dispuesto en la sentencia, cuyo monto actualizado asciende a casi 685.000 millones de pesos.
El tribunal deberá resolver el pedido de la Fiscalía respecto de la participación del profesional en el procedimiento.