YPF-Repsol ¿una expropiación consensuada?

En Santiago, coloquialmente, solemos decir que cuando 2 “pícaros” parecen pelearse, en realidad están haciendo negocios juntos. El gobierno nacional ha presentado como una urgente expropiación de YPF-Repsol, a una estructural crisis energética, que siempre esquivó o negó, pero que numerosos informes de expertos técnicos alertaban desde hace varios años acerca de la continua declinación de la producción de petróleo, hasta los actuales alrededor de 30 millones de m3 anuales, similar a la obtenida hace 20 años.

La corresponsabilidad del gobierno nacional en la crisis del petróleo del país es inexcusable. Porque tenía participación accionaria en YPF-Repsol y suscribía y avalaba, sin expresar ninguna disidencia, las formales decisiones de retiro de utilidades de la empresa, incluso por encima de las ganancias, en obvio detrimento de las inversiones necesarias. Mecanismo que propicio para incorporar privilegiadamente con el 25% de la empresa al grupo empresario amigo Eskenazi, “experto en mercados regulados”, sin aportar capital.

El “relato”, si bien acusa a Repsol del delito de vaciamiento, pero ni el DNU ni la ley recientemente sancionada utilizan la expresión jurídicamente valida de la defraudación, que si pondría en muy serios inconvenientes ante la justicia no solo a Repsol, sino personalmente a su presidente Brufau, muy elogiado públicamente por la propia Presidente hasta hace muy pocos meses. Repárese que la expropiación publica se efectúa absorbiendo una deuda privada de Repsol de aproximadamente u$9.000 millones.

Además de hacerse cargo ahora el país del financiamiento del plan incumplido de inversiones de Repsol por alrededor de, al menos, u$30.000 millones, solo durante los próximos 5 años. Y sin contabilizar el eventual monto de la futura indemnización, estimado en u$5.000 millones, por la expropiación efectuada. Todo ello, conjuntamente, totaliza una nueva deuda pública a futuro por aproximadamente u$44.000 millones, configurando en realidad un “liberación” de Repsol de sus compromisos.

Concretamente, salvo las futuras cuentas publicas, saldrían todos beneficiados: a) El gobierno, porque presenta la expropiación de YPF-Repsol como una nacionalización patriótica y soberana del petróleo y el gas, b) Repsol, porque se victimiza, pero no solo transfiere íntegramente su deuda privada sino que ya se llevó dividendos muy superiores a los u$15.000 millones que pagó en 1999. Finalmente, c) el grupo Eskenazi, que no es denunciado pese a su comportamiento idéntico al de Repsol y que, además, puede salir indemne de su capitalización privada gratuita en YPF con deuda pública futura.