La medida podría ser la antesala a un paro general.
Después de cuatro meses de letargo, la CGT reunió este jueves a su consejo directivo por primera vez en al año para definir una movilización de protesta desde Plaza Miserere hasta la avenida 9 de Julio para el 4 de abril. Coincidió, solo por casualidad, con la jornada en la que el Gobierno reconoció una suba del desempleo.
La marcha, cuya consigna será en "defensa de la producción y el trabajo", podría ser la la antesala a un paro general, un reclamo que empujan desde afuera de la central los gremios más díscolos, las dos vertientes de la CTA y la izquierda sindical.
El llamado a una huelga, que en caso de concretarse sería la quinta contra la gestión de Mauricio Macri, está por ahora congelado a partir de una negociación entre la CGT y el Gobierno. Pulsean para agilizar la entrega de fondos para las obras sociales y la posible creación por decreto presidencial de una agencia médica que tendrá como uno de sus objetivos reducir los amparos judiciales que disponen la cobertura de servicios médicos no cubiertos por el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Hoy, tanto en la Superintedencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que administra los fondos de la salud, como en la CGT, circuló el borrador con el decreto presidencial para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), un ente que será el encargado de establecer prioridades de utilización de las tecnologías sanitarias a partir de su valoración clínica, ética, económica y social, y sus eventuales implicancias sobre el sistema de salud.
Los gremios se aferran a la Agnet como un atajo para frenar los amparos judiciales y así blindar a sus obras sociales de estos reclamos, que suelen ser millonarios. La medida del Gobierno, en la que trabajan el superintendente de servicios de la salud, Sebastián Neuspiller, y el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica , contempla, además, alimentar de más fondos la caja de donde sale el dinero para afrontar los reintegros a las prestadoras médicas.
Con esta concesión, Sica apuesta a neutralizar el eventual paro que se estaría gestando tras la marcha del 4 de abril, que se anticipa multitudinaria porque contaría con el aval de las otras centrales obreras y de los gremios díscolos de la CGT, como los camioneros de Hugo Moyano o la Corriente Sindical, que encabeza el bancario Sergio Palazzo.
Héctor Daer y Carlos Acuña, los dos referentes de la CGT, reunieron ayer por primera vez en el año al consejo directivo. La central había bajado la persiana de 2018 en noviembre, después de pactar con el Gobierno y los empresarios el pago de un bono de $5000 para compensar la inflación y la devaluación del peso. Desde entonces, hubo tibios mensajes por carta para exigir una mejora en el salario mínimo (se logró adelantar a marzo la cuota de aumento prevista para junio) y rechazar cualquier intento de reforma de la ley laboral. Hoy, ambos, descartaron avanzar hacia un paro general y valoraron la negociación con el Gobierno por los fondos de las obras sociales. El único dirigente que reclamó activar una huelga fue el judicial Julio Piumato .
Fuente: diario La Nación.