Claudia Sbabo fue primera en declarar ante el fiscal Gerardo Pollicita. Ahora se encuentra prestando testimonio Beatriz Viegas, quien fue dueña del otro 50% del departamento de Miró al 500.
Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete Manuel Adorni, declaró este miércoles en Comodoro Py que desconoce los detalles de la venta del departamento de Caballito, una de las propiedades investigadas en la causa por enriquecimiento ilícito.
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Según aseguró, quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron su hijastro Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, la acreedora del otro 50%.
Sbabo aclaró que el dinero que usó para comprar la mitad de la propiedad en mayo de 2025 era suyo. También dijo que percibe $350.000 de jubilación.
La oportunidad inmobiliaria, según la versión que aportó bajo juramento la primera acreedora en testificar, llegó de parte de Pablo Feijoo, señalado como amigo de Adorni.
Departamento en Caballito
Las declaraciones de Viegas y Sbabo estaban previstas para la semana pasada, pero fueron postergadas a pedido de la defensa de Adorni por superposición con otras audiencias judiciales.
Ambas deberán explicar no solo los detalles de la operación de compraventa, sino también el origen de los fondos utilizados para financiar la transacción.
En paralelo, ayer declararon las otras dos mujeres que también le prestaron dinero al funcionario: Graciela Molina y su hija Victoria Cancio, quienes señalaron que fue la primera vez que participaron en una operación de este tipo.
Según expusieron ante la Justicia, el préstamo fue de 100.000 dólares bajo la modalidad de hipoteca privada, con un interés del 11% anual y a devolver en cuotas. Además, indicaron que conocieron a Adorni el mismo día en que se concretó la entrega del dinero.
De acuerdo a su testimonio, el funcionario ya abonó 30.000 dólares y aún mantiene una deuda de 70.000, más los intereses correspondientes, con un plazo de cancelación de siete meses.
La investigación se centra en determinar si existió un incremento patrimonial injustificado en los bienes del funcionario, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese contexto, el juez Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, lo que permitirá analizar en detalle sus ingresos, gastos, movimientos financieros y operaciones inmobiliarias.
Mientras tanto, el fiscal Pollicita aguarda información de distintos organismos públicos para avanzar con el análisis de la documentación y definir los próximos pasos en la causa.