El fiscal Gerardo Pollicita recibió los primeros informes de operadores de activos digitales y plataformas virtuales, que confirmaron transacciones vinculadas al jefe de Gabinete. Ahora se evalúan estudios de trazabilidad para determinar el origen y destino de los fondos.
La investigación judicial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La Justicia federal comenzó a analizar los primeros reportes vinculados a la actividad financiera digital del jefe de Gabinete y detectó operaciones con criptomonedas.
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El fiscal Gerardo Pollicita recibió respuestas de distintos operadores de activos digitales y plataformas virtuales, tras las órdenes libradas para rastrear el patrimonio del funcionario.
Según trascendió, los informes preliminares confirmaron transacciones en activos digitales. De todos modos, los montos consignados hasta el momento serían inferiores a los flujos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.
Pese a ello, los investigadores no descartan que estos hallazgos sean solo una primera parte de una operatoria mayor. Por ese motivo, la fiscalía evalúa solicitar estudios técnicos de trazabilidad, con el objetivo de determinar el origen y el destino final de esos fondos electrónicos.
La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, tomó impulso hace poco más de un mes, cuando se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, de su esposa Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.
A pedido de la fiscalía, el Banco Central también fue requerido para aportar un detalle exhaustivo de todos los productos financieros registrados a nombre de los imputados desde enero de 2022.
El informe solicitado incluye datos sobre cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos, tarjetas y otros movimientos bancarios que puedan estar vinculados a la causa.
Ahora, la lupa de Comodoro Py busca cruzar esa información bancaria tradicional con los datos provenientes del ecosistema fintech y de las plataformas de activos digitales.
El objetivo de la investigación es determinar si existe una inconsistencia entre el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete y el nivel de gastos, ahorros y operaciones financieras detectadas durante el avance del expediente.