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Crisis en Bolivia. La norma autoriza un decreto supremo con límites territoriales y de tiempo, habilita a los militares ante las protestas y fija un máximo de 90 días.
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó en la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, ampliando las competencias del presidente Rodrigo Paz para declarar el estado de excepción y habilitar el uso de las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas que mantienen bloqueada desde hace más de un mes la región de La Paz para exigir la dimisión del mandatario. La norma, que ya contaba con el visto bueno del Senado, fue sancionada a las 5.52 horas, tras una sesión de casi 14 horas, por dos tercios de los diputados y enviada al presidente para su promulgación.
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La ley establece que la declaración del estado de excepción debe realizarse mediante decreto supremo fundamentado, especificando el alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su aplicación. La vigencia máxima será de 90 días y solo podrá ser ampliada con autorización de la Asamblea Legislativa. El proyecto regula los procedimientos, alcances, controles institucionales y garantías para la aplicación de los estados de excepción en Bolivia.
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El presidente Paz afirmó en redes sociales que, aunque “La Paz y El Alto enfrentan todavía momentos difíciles”, empiezan a registrarse “avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor para Bolivia”. Destacó la llegada de más de un millón de litros de gasolina y 40.000 bombonas de gas a la región, lo que, según el mandatario, contribuye a aliviar la situación de las familias bolivianas. El presidente reconoció que “aún queda mucho por hacer” y agradeció “la resistencia y la fortaleza” del pueblo. Más tarde, compartió una fotografía histórica de la coalición Unidad Democrática y Popular (UDP), que asumió el poder democráticamente tras la dictadura en 1982 y cuyo gobierno, encabezado por Hernán Siles Zuazo, enfrentó una grave crisis económica y movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), contexto que el propio Paz evocó como antecedente de la situación actual.
Persistencia y consecuencias de los bloqueos en Bolivia
Las movilizaciones contra el presidente Paz comenzaron hace cinco semanas y han dejado hasta el momento diez personas fallecidas, 37 heridos y más de un centenar de procesados, según informó la Defensoría del Pueblo. De las muertes registradas, siete corresponden a personas que no pudieron acceder a atención médica oportuna debido a los bloqueos, o sufrieron retrasos en su traslado a centros de salud.
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La protesta, inicialmente motivada por demandas sectoriales, evolucionó hasta reclamar como única exigencia la renuncia del presidente. La medida de presión, liderada por campesinos y la Central Obrera Boliviana, se ha extendido a ocho de las nueve regiones del país, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal para hospitales y centros de salud.
En la madrugada del sábado, la Policía de Bolivia reportó que seis agentes antidisturbios resultaron heridos, cuatro de ellos por impactos de bala, durante un operativo de desbloqueo en una carretera del este del país. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que el caso más grave fue el de un agente que recibió un proyectil en la cabeza y permanece en terapia intensiva. Otros tres policías sufrieron impactos en las piernas y dos más resultaron lesionados por golpes de objetos arrojados por los manifestantes.
Cinco personas fueron arrestadas por su participación en la movilización, y se espera un informe final para determinar si se registraron heridos entre los manifestantes. La acción conjunta de Policía, Ejército y activistas en la localidad de San Julián, a 117 kilómetros al noreste de Santa Cruz, permitió liberar brevemente la ruta, pero los bloqueos se restablecieron poco después. El enfrentamiento se prolongó durante más de cuatro horas, tras lo cual las fuerzas de seguridad ordenaron el repliegue para resguardar la seguridad de civiles, incluidos dos ministros, periodistas y activistas.
Trámite y debate legislativo
La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se instaló a las 16:30 del sábado en modalidad mixta, presencial y virtual. El tratamiento del proyecto comenzó después de aprobarse la dispensación de trámite con el respaldo de más de dos tercios de los votos. En la votación, participaron 21 diputados de forma presencial y 65 de manera virtual. El texto ya había sido aprobado el jueves previo en el Senado.
El proyecto de ley se encuentra ahora en su estación en detalle, donde será analizado por la Asamblea Legislativa antes de su promulgación. La norma surge en medio de una crisis política y social que mantiene bloqueadas las principales rutas del país y una demanda invariable: la salida del presidente Rodrigo Paz.