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País

Lilia Lemoine defendió a Adorni y negó que exista enriquecimiento ilícito: "Es inocente"

La diputada libertaria aseguró que el vocero presidencial ya contaba con ese patrimonio antes de asumir funciones públicas. También cuestionó las acusaciones por presunta evasión fiscal.

Hoy 16:37

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, salió en defensa del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, luego de que se difundieran cuestionamientos y denuncias vinculadas a un supuesto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

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Durante una entrevista televisiva, la legisladora de La Libertad Avanza sostuvo que el funcionario no cometió ningún delito y atribuyó las polémicas a posibles errores al momento de explicar públicamente su situación patrimonial.

"Adorni es inocente", afirmó Lemoine, quien consideró que algunas inconsistencias en sus declaraciones podrían responder a equivocaciones humanas y no a una conducta delictiva. Según expresó, una persona sometida a fuertes cuestionamientos puede mostrarse nerviosa y no brindar explicaciones precisas sobre determinados aspectos de su patrimonio.

La diputada insistió en que no existe vínculo entre la función pública y el crecimiento económico atribuido al funcionario. En ese sentido, remarcó que los fondos observados por sus críticos habrían sido obtenidos antes de su ingreso al Estado.

Además, hizo referencia a las explicaciones brindadas por Adorni respecto de inversiones realizadas en el pasado y sostuvo que se trató de operaciones previas a su desempeño como funcionario nacional. Para Lemoine, el incremento patrimonial mencionado responde al resultado de inversiones financieras y no a un enriquecimiento irregular.

La legisladora también rechazó las acusaciones relacionadas con una presunta evasión fiscal y cuestionó algunos conceptos vinculados a la carga tributaria desde una perspectiva ideológica.

Finalmente, la dirigente libertaria ratificó su respaldo al jefe de Gabinete y aseguró que las denuncias en su contra carecen de sustento para configurar un delito, al considerar que el origen de los fondos cuestionados sería anterior a su llegada a la administración pública.