La Corte Suprema dejó firme una cautelar que obliga al Estado a aplicar artículos clave de la ley de financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves dejar firme una medida cautelar que ordena al Estado nacional aplicar dos artículos centrales de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, en el marco de una disputa judicial por la ejecución de fondos para el sistema de educación superior.

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El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Gobierno nacional al considerar que no existe aún una sentencia definitiva en la causa, por lo que decidió mantener vigente la cautelar dictada en instancias anteriores. De esta manera, continúa en pie la aplicación de medidas vinculadas a la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

La resolución fue firmada por los tres integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la presentación del Ejecutivo y ratificaron la continuidad de la decisión judicial previa.

En el plano de los antecedentes del caso, el 10 de junio de 2026 el Poder Ejecutivo había suscripto un acta compromiso en la que se establecía la transferencia de fondos destinados a un incremento del 24,33% en la masa salarial, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de partidas para hospitales universitarios hasta un total de $50.000 millones.

Si bien la resolución judicial no implica efectos económicos inmediatos —ya que parte de los aumentos habían sido acordados previamente—, el fallo puede interpretarse como un respaldo a la aplicación de la normativa que regula el financiamiento del sistema universitario.

Con esta decisión, la Corte mantiene vigente la cautelar que obliga al Estado a sostener las condiciones establecidas mientras continúa el análisis de fondo de la causa, en un conflicto que involucra la implementación de recursos destinados a universidades y hospitales universitarios en todo el país.