El Gobierno descontará más de $3,1 millones por mes de la pensión de Cristina Kirchner tras una cautelar judicial

El Gobierno nacional dispuso que aplicará dos descuentos sobre la pensión que comenzará a percibir la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la ANSES informara que, por una medida cautelar de la Justicia, restablecerá provisoriamente el beneficio previsional que había sido suspendido tras la condena en la causa Vialidad.

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Según informó el organismo previsional, a partir de agosto la exmandataria percibirá una pensión mensual bruta de $15.683.154,06.

No obstante, el Ejecutivo resolvió que dejará de abonarle el adicional por zona austral, al considerar que Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que entiende que ese complemento no corresponde.

Además, la ANSES aplicará un descuento mensual de $3.136.630,81 hasta completar un total de $660.052.338,87, suma que el Gobierno sostiene que fue percibida de manera indebida durante años.

Hasta noviembre de 2024, la exmandataria cobraba dos asignaciones previstas en la Ley 24.018, que regula los beneficios para expresidentes y exvicepresidentes. Una correspondía a su asignación como expresidenta y la otra a la pensión derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.

Ambos beneficios fueron suspendidos luego de que la exjefa de Estado fuera condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

La disputa judicial continúa

La ANSES indicó que cumplirá con la medida cautelar que ordena restablecer provisoriamente el beneficio, aunque ratificó que continúa vigente el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema para revertir esa decisión.

En ese marco, el organismo sostiene que Cristina Kirchner no debería acceder a un régimen previsional de privilegio debido a que posee una condena firme por delitos contra la administración pública.

En la misma línea, el Ministerio de Capital Humano mantiene su apelación ante la Corte Suprema y afirmó que continuará impulsando todas las instancias judiciales disponibles para dejar sin efecto el beneficio excepcional.

Desde el Gobierno argumentan que la Ley 24.018 establece este régimen como un reconocimiento al "honor, mérito y buen desempeño en el cargo", condiciones que consideran incompatibles con una condena firme por corrupción.