El Gobierno nacional excluirá a los funcionarios de los beneficios de Inocencia Fiscal II

El Gobierno avanzará este miércoles en la Cámara de Diputados con el proyecto de Inocencia Fiscal II, que busca ampliar el régimen aprobado a fines del año pasado. Para conseguir el respaldo de los bloques aliados, el oficialismo incorporará una restricción para que determinados funcionarios públicos puedan adherir al régimen simplificado de Ganancias, pero no acceder a los restantes beneficios vinculados con la exteriorización de fondos no declarados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa será analizada en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, donde el oficialismo buscará firmar dictamen para dejar el proyecto listo para su tratamiento en el recinto el 26 de agosto, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El cambio apunta a responder a uno de los principales cuestionamientos planteados por sectores aliados y dialoguistas durante el debate inicial: la posibilidad de que funcionarios públicos pudieran beneficiarse con las herramientas previstas para regularizar fondos no declarados.

Qué propone el nuevo régimen

El régimen de Inocencia Fiscal busca favorecer la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema financiero. Según las estimaciones del Gobierno, existen alrededor de US$179.000 millones que podrían incorporarse a la economía y destinarse a inversiones.

La nueva versión del proyecto elimina el límite que establecía que los contribuyentes debían tener ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. De esta manera, el régimen quedaría abierto para todas las personas humanas, independientemente de su nivel de ingresos o patrimonio.

La principal excepción serán los Grandes Contribuyentes Nacionales, que no podrán acceder a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la normativa.

Además, el proyecto redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que permite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rechazar una declaración de impuestos simplificada.

Según la nueva propuesta, una diferencia será considerada significativa cuando supere el 15% del impuesto determinado y, además, alcance un monto equivalente al 5% del mínimo establecido en la Ley Penal Tributaria, actualmente estimado en $5 millones.

Cuando exista una objeción, el contribuyente tendrá 15 días para corregir la situación, pagar la diferencia correspondiente y conservar los beneficios del régimen.

La restricción para funcionarios públicos

El punto que el oficialismo incorporará para conseguir apoyo parlamentario establece que determinados funcionarios podrán adherir a la modalidad simplificada de declaración jurada de Ganancias, pero no podrán acceder a los demás beneficios del régimen, incluida la exteriorización de dinero no declarado.

El borrador establece que los funcionarios comprendidos en la nueva normativa podrán utilizar el régimen simplificado únicamente para presentar la declaración jurada y efectuar el pago correspondiente.

“En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen”, establece el texto que analiza el oficialismo.

La restricción alcanzará a quienes hayan ocupado determinados cargos durante los cinco años anteriores a la fecha de adhesión o permanencia en el régimen simplificado.

Entre ellos se encuentran funcionarios o empleados con jerarquía no inferior a secretario de Estado o equivalente, tanto en la administración nacional como provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También quedan incluidos los legisladores nacionales, provinciales y porteños, concejales municipales y parlamentarios del Mercosur.

La lista contempla además a magistrados del Poder Judicial, magistrados del Ministerio Público, defensores del Pueblo y sus adjuntos, integrantes del Consejo de la Magistratura y miembros de jurados de enjuiciamiento.

El antecedente de Manuel Adorni

El debate sobre la inclusión de funcionarios tomó fuerza luego de que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, quedaran bajo investigación por su evolución patrimonial y reconocieran la tenencia de dólares que no habían sido declarados inicialmente.

En ese contexto, surgieron cuestionamientos sobre la posibilidad de que funcionarios investigados por presunto enriquecimiento ilícito pudieran utilizar los beneficios del régimen simplificado para regularizar fondos.

Durante las últimas semanas, distintos bloques aliados reclamaron establecer una limitación específica para funcionarios y personas políticamente expuestas.

La modificación también había sido anticipada por la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien planteó que los funcionarios pudieran utilizar la modalidad simplificada para facilitar sus declaraciones, pero no acceder a mecanismos para exteriorizar fondos no declarados.

El oficialismo busca cerrar el dictamen

El proyecto comenzó a ser analizado la semana pasada en la Cámara de Diputados, con la participación de funcionarios del área económica, entre ellos la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu.

Ahora, el oficialismo buscará incorporar las modificaciones y conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen en el plenario de comisiones.

Las negociaciones estarán encabezadas en Diputados por el oficialismo y la Presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, mientras continúan las conversaciones con los bloques aliados.

El objetivo es que el proyecto pueda llegar al recinto el 26 de agosto, aunque los tiempos parlamentarios dificultan que la iniciativa complete todo el recorrido legislativo antes del 27 de agosto, fecha establecida para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente a personas humanas.