Giro judicial en la causa del niño de Las Termas: detuvieron a su madre, abuela y tía materna

La causa que investiga el presunto abuso sexual de un niño de 8 años en Las Termas de Río Hondo tuvo este martes un nuevo y significativo movimiento judicial, con medidas que alcanzaron directamente al entorno materno del menor.

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Por disposición del juez de Control y Garantías Diego Martín Vittar, durante el mediodía se realizó un allanamiento en el domicilio materno del niño, ubicado en calle Laprida al 100, casi 25 de Mayo.

Como resultado del procedimiento fueron detenidas Olga Vanesa Jiménez, de 41 años y madre del menor; Mariela Roxana Jiménez, de 43 años, tía materna; y Petrona Olga Coronel, de 77 años, abuela materna.

La madre y la tía fueron trasladadas y quedaron alojadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Departamental 6 de Las Termas, a disposición de la Justicia.

En el caso de la abuela materna, y teniendo en cuenta su edad, se dispuso que cumpla la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Allanamiento y secuestro de elementos

Durante el operativo, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, artefactos electrónicos y prendas de vestir, que fueron incorporados al expediente y serán sometidos a las pericias correspondientes.

Además, se concretaron otras diligencias dispuestas por el magistrado con el objetivo de sumar elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal especializado de la División Trata de Personas y de la Dirección General de Investigaciones (DGI) de la Policía de la Provincia, con efectivos provenientes de Santiago del Estero Capital.

Qué busca determinar la Justicia

A partir de estas nuevas medidas, uno de los puntos centrales de la investigación será establecer qué grado de responsabilidad, eventual participación o conocimiento pudieron haber tenido las personas detenidas respecto de los hechos denunciados.

Sin embargo, las detenciones no implican que la madre, la tía o la abuela hayan sido declaradas responsables del presunto abuso.

Será la investigación judicial, mediante las pruebas reunidas, pericias, testimonios y restantes medidas procesales, la que deberá determinar si existió algún tipo de intervención y cuál será la situación procesal de cada una de ellas.

Una causa con varios frentes

La investigación comenzó a partir de una denuncia vinculada con el presunto abuso del niño, presentada inicialmente por su padre ante la Justicia de Las Termas y posteriormente también en Buenos Aires.

Una de las medidas centrales del expediente fue la Cámara Gesell realizada la semana pasada, en la que el menor brindó declaración ante los organismos judiciales intervinientes.

Por tratarse de un niño y de una investigación vinculada con un delito de extrema sensibilidad, el contenido de esa declaración debe mantenerse reservado.

Desde el punto de vista procesal, esa diligencia forma parte del conjunto de pruebas que deberá ser evaluado por la Justicia.

El niño permanece bajo atención especializada en Buenos Aires, mientras continúan las medidas destinadas a establecer qué ocurrió.

El padre había sido excarcelado un día antes

Las nuevas detenciones se produjeron apenas 24 horas después de que el padre del menor, Alonso, recuperara la libertad en el marco de la misma investigación.

Su abogado defensor había solicitado la excarcelación y durante la mañana del lunes el juez Diego Martín Vittar hizo lugar al planteo al considerar que no existían riesgos procesales que justificaran mantenerlo privado de su libertad.

Alonso permanecía alojado en la sección Alcaidía de la Departamental 6 y recuperó la libertad pasadas las 17, bajo las condiciones establecidas por la Justicia.

De esta manera, en apenas un día la causa experimentó dos movimientos relevantes: mientras el padre fue excarcelado por decisión judicial, el expediente avanzó con tres nuevas detenciones dentro del entorno materno del niño.

La investigación ingresa ahora en una instancia clave. Los elementos secuestrados, las pericias y las restantes medidas ordenadas deberán aportar información para establecer qué sucedió y determinar la eventual responsabilidad que pudiera corresponder a cada una de las personas investigadas.

Por el momento, la causa continúa abierta y ninguna de las nuevas detenciones constituye una condena ni una declaración de responsabilidad penal.