Caso Fürth: la polémica decisión del juez Merino que podría terminar en un pedido de juicio político

El juez de Control y Garantías Gastón Merino resolvió rechazar los pedidos de prisión preventiva contra Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano, los tres principales imputados en la investigación por el presunto desfalco millonario en Fürth Automotores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La resolución habilitó la excarcelación de los acusados, aunque bajo determinadas condiciones. Caro y Llado deberán afrontar una fianza de $70 millones cada uno, mientras que para Moyano se fijó una caución de $20 millones.

Además, los tres deberán cumplir medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salir del país y la entrega de sus pasaportes.

La decisión se conoció luego de una audiencia en la que la Fiscalía, integrada por Victoria Ledesma y Diego Cortes, había solicitado la prisión preventiva al considerar que existían elementos para sostener la investigación por una presunta asociación ilícita y defraudación.

Según la acusación, las maniobras investigadas se habrían desarrollado desde 2024 hasta el primer semestre de 2026 y habrían provocado un perjuicio millonario a la concesionaria.

Los argumentos de la Fiscalía y la querella

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó documentación, videos y testimonios como parte de los elementos incorporados a la investigación.

A esos elementos se sumaron los resultados preliminares de una auditoría interna realizada en la concesionaria, aportados por la querella. Según los datos expuestos durante el proceso, el perjuicio económico para Fürth habría superado los $6.000 millones.

Los fiscales sostuvieron que los tres imputados habrían tenido, durante el período investigado, capacidad de decisión y acción dentro de la empresa.

En una audiencia previa, además, el abogado querellante Marcelo Sgoifo había señalado que la empresa ya había desembolsado alrededor de $5.300 millones a Volkswagen como consecuencia de las irregularidades detectadas y que existían otros 33 vehículos en situaciones que podrían representar un costo adicional cercano a los $1.000 millones.

Cuestionamientos a la decisión

La resolución de Merino generó cuestionamientos por parte de los fiscales y la querella, quienes plantearon reparos vinculados con los riesgos procesales derivados de que los tres imputados continúen el proceso en libertad.

Entre los aspectos señalados aparece la posibilidad de fuga y un eventual entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta que varios empleados de la firma y clientes que aportaron información a la causa serían personas conocidas por los acusados.

La investigación continúa mientras se analizan los distintos elementos incorporados al expediente y los resultados de la auditoría interna de la concesionaria.

Tras conocerse la resolución también comenzó a mencionarse la posibilidad de impulsar un pedido de juicio político contra el juez Merino, aunque esa posibilidad fue presentada como una versión surgida luego de la decisión y no como una medida ya formalizada.