Avanza investigación por explotación laboral en Cerrillos contra Kiko Fernández

La investigación penal que se lleva a cabo contra José Antonio 'Kiko' Fernández, propietario de la finca La Montanera y del emprendimiento gastronómico 'Cerdo Negro' en Cerrillos, Salta, continúa con las diligencias procesales anunciadas por la fiscalía, que establece un plazo de seis meses para el desarrollo del caso.

El fiscal general Eduardo Villalva y la fiscal subrogante Paula Gallo formalizaron el caso el 2 de septiembre pasado, donde Fernández fue imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Este delito está agravado por el número de víctimas afectadas y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban, según lo estipulado en el artículo 145 bis y ter del Código Penal.

A casi un mes de la imputación formal, la principal novedad del caso es la decisión de Fernández de cambiar a sus abogados defensores, lo que implica un cambio significativo en su estrategia legal. Los fiscales han explicado que la acusación se originó a partir de una denuncia anónima, revelando que algunos trabajadores de la finca vivían en condiciones de extrema precariedad.

Las condiciones laborales eran alarmantes, ya que los trabajadores vivían en habitaciones con piso de tierra, camas improvisadas con palets y baños de letrinas. Además, sus remuneraciones no superaban los $500 mil, y se evidenció una carga horaria excesiva sin remuneración por horas extras o días festivos. La fiscalía detalló que uno de los trabajadores sufrió un accidente en el trabajo y no recibió la asistencia médica adecuada, lo que refleja la grave situación laboral en la que se encontraban.

Los fiscales también enfatizaron que Fernández tenía un control discrecional sobre los trabajadores, quienes, aunque estaban registrados como personal de cosecha de tabaco, eran destinados a otras labores, especialmente en la cría de cerdos, lo que constituyó una maniobra ilegal para reducir su carga salarial.

Se destacó la explotación de adultos mayores, quienes realizaban tareas excesivas y recibían remuneraciones mínimas. Uno de ellos incluso dependía de un comedor de Cáritas para poder alimentarse. Ante estas acusaciones, Fernández se mostró enfurecido y se declaró víctima, argumentando que las acusaciones lo perjudicaban, a pesar de haber recibido reconocimientos de instituciones como el Congreso de la Nación.

En la audiencia, la defensa de Fernández presentó recursos que fueron considerados sin fundamento, y aunque intentaron cuestionar la validez de la investigación, la fiscalía demostró que la defensa estaba al tanto del proceso desde su inicio. Este aspecto fue crucial, ya que la defensa no presentó pruebas que respaldaran su postura, lo que generó un cambio en la percepción del empresario, quien finalmente optó por el asesoramiento de un exjuez federal para su defensa.