Macron prometió hacer rendir cuentas a quienes “intentaron derrocar la República” tras los violentos disturbios en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió este domingo que los responsables de los saqueos y los ataques contra instituciones públicas durante las violentas protestas del sábado deberán rendir cuentas ante la Justicia. En un discurso televisado a la nación, condenó los hechos y aseguró que el Gobierno actuará con firmeza frente a quienes buscaron generar caos y atentar contra las instituciones republicanas.

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“Quienes saquearon deberán pagar por los daños, y quienes buscaron derrocar la República deberán rendir cuentas”, expresó el mandatario, al referirse a los episodios de violencia registrados en distintas ciudades del país.

Macron cuestionó especialmente los ataques contra las fuerzas de seguridad, los comercios y los edificios públicos. En ese sentido, sostuvo que es necesario diferenciar a quienes participaron pacíficamente de las movilizaciones de aquellos que provocaron destrozos y saqueos. “Nada lo explica, nada lo justifica. Todos sentimos rabia y vergüenza”, manifestó.

Una jornada de violencia que dejó miles de detenidos

Las manifestaciones del sábado reunieron a cientos de miles de personas en distintas localidades francesas. Según las cifras oficiales, alrededor de 550.000 manifestantes participaron de las movilizaciones, mientras que los organizadores estimaron una concurrencia cercana a las 800.000 personas.

Las protestas estuvieron impulsadas por el descontento ante el aumento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y las dificultades del sistema educativo. También contaron con la participación de organizaciones sindicales, agrupaciones estudiantiles y activistas vinculados con el movimiento de los chalecos amarillos, surgido en 2018.

Sin embargo, las concentraciones derivaron en enfrentamientos, incendios y saqueos en ciudades como París, Marsella, Lyon y Burdeos. De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades, unas 2.400 personas fueron detenidas y cerca de 1.000 policías y gendarmes resultaron heridos. Además, alrededor de 1.500 comercios sufrieron daños o fueron saqueados.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde un incendio devastó el ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XIX. Las llamas provocaron el derrumbe de parte de la estructura y dejaron la construcción al borde de la destrucción. En otras localidades también se registraron ataques contra dependencias municipales, comisarías y edificios destinados a la atención turística.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, condenó los hechos y remarcó que el derecho a manifestarse no puede utilizarse como justificación para provocar daños deliberados. El Gobierno atribuyó parte de los incidentes a grupos radicalizados de extrema izquierda y a delincuentes que se sumaron a las movilizaciones para cometer saqueos.

Investigaciones por heridos y tensión política

La respuesta oficial también quedó marcada por investigaciones judiciales relacionadas con lesiones graves sufridas durante las protestas. En Mulhouse, la fiscalía abrió una causa después de que una adolescente de 17 años perdiera un ojo, mientras que otra investigación se inició en Saint-Étienne por las lesiones que provocaron la pérdida de una mano a un joven manifestante.

En paralelo, los disturbios profundizaron la confrontación política en Francia, a pocos meses de las elecciones presidenciales previstas para 2027. La dirigente de extrema derecha Marine Le Pen criticó al Gobierno de Macron y lo calificó de agotado e incapaz de responder a la crisis.

Por su parte, el dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon cuestionó la estrategia del primer ministro Sébastien Lecornu, aunque también rechazó que las reivindicaciones sociales fueran utilizadas para justificar los saqueos y la destrucción.

Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones y evalúan los daños, Macron insistió en que quienes participaron de los actos violentos deberán asumir las consecuencias. El mandatario también pidió reforzar las medidas de protección de edificios públicos y comercios para evitar nuevos episodios de violencia.