Un colegio de Rosario prohibió los celulares tras la difusión de fotos íntimas de alumnas

Un colegio religioso de Rosario prohibió el uso de celulares en el nivel secundario desde el viernes, después de que se conociera la circulación sin consentimiento de fotos de alumnas y se analizara si parte de ese material fue alterado con inteligencia artificial.

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El Colegio Verbo Encarnado, ubicado en la calle La Paz al 500, en el barrio República de la Sexta, encendió las alarmas el miércoles. Ese día sus autoridades se enteraron de que fotografías de estudiantes del secundario habían empezado a circular entre compañeros sin autorización.

Ante la sospecha de que se tratara de hostigamiento, el colegio empezó a evaluar si ese contenido había sido manipulado con programas de inteligencia artificial para crear deepfakes, es decir, imágenes falsas que a simple vista parecen reales.

Fuentes del Ministerio de Educación de Santa Fe confirmaron a La Capital que un grupo de estudiantes fue apartado tras la acusación y dejó de asistir a clases desde que se conoció el hecho. La cartera provincial y la institución acordaron reuniones con las familias de los adolescentes señalados.

El jueves, el equipo directivo envió un comunicado a toda la comunidad educativa en el que calificó lo sucedido como una falta grave. “Conductas como la difusión de fotos íntimas sin consentimiento, hostigamientos o manipulaciones de imágenes con IA ya no se consideran simples juegos de chicos, sino vulneraciones graves que requieren intervención pedagógica y acompañamiento institucional”, sostuvo la institución.

En el mismo mensaje, el colegio pidió tiempo para abordar el caso “con la relevancia y seriedad que lo amerita”. Llamó además a las familias a evitar la “justicia por mano propia”: “Esta mala decisión no sólo los compromete ante lo sucedido, sino que no conduce a ningún bien”, señaló.

La institución había empezado a trabajar en las semanas previas con grupos del secundario a partir de la ley Ema, la norma santafesina que crea un sistema de prevención y abordaje de la violencia digital en las escuelas. La ley 14.471 fue sancionada el 30 de julio y publicada en el Boletín Oficial a fines de agosto.

El Concejo Municipal de Rosario adhirió a esa ley ese mismo mes. La provincia también adoptó la Ley Olimpia, identificada como 14.297, que reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género.

Los directivos recordaron además que el nuevo Régimen Penal Juvenil habilita la apertura de una causa desde los 14 años ante denuncias de delitos digitales. Pese a eso, voceros del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe indicaron el viernes que todavía no había registro de medidas judiciales.

Como parte de la respuesta inmediata, el colegio dispuso que los teléfonos de los alumnos del secundario queden guardados en los casilleros desde el ingreso a clase hasta la salida. La restricción alcanzó también al kiosco interno, para el que se pidió a las familias que envíen a sus hijos con dinero o tarjeta.

El episodio en Rosario se suma a una serie de denuncias similares registradas este mes en colegios de distintas provincias argentinas. En el Colegio Modelo de Lomas de Zamora, dos alumnos de 15 años fueron imputados por crear y vender imágenes falsas de desnudos de al menos 45 compañeras con herramientas de inteligencia artificial.

Denuncias de similar tenor surgieron también en el Instituto Pío XII Leonardo Murialdo de Villa Bosch, donde alumnas aseguraron que episodios de ese tipo se repiten desde 2024, y en un colegio de la localidad tucumana de San Pablo, donde estudiantes denunciaron que un compañero había generado alrededor de 280 imágenes de ellas desnudas con IA.

La repetición de estos casos reabrió el debate sobre los límites legales frente a esta tecnología: la creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial todavía no está tipificada como delito específico en el Código Penal argentino, aunque la Ley Olimpia incorporó la violencia digital a las modalidades contempladas por la ley de protección integral contra la violencia de género.

Mientras tanto, la institución mantiene activo el protocolo previsto por la ley Ema, que obliga a los establecimientos a actuar con celeridad y confidencialidad, pedir la baja urgente del material a las plataformas y acompañar a las víctimas con asistencia psicológica, pedagógica y legal.