La delegación argentina finalizó sus alegatos en Hamburgo y reclamó medidas urgentes contra el proyecto británico Sea Lion. El Reino Unido rechaza la competencia del tribunal y defiende la explotación de hidrocarburos. La resolución podría conocerse esta misma semana.
La Argentina concluyó este miércoles 11 de noviembre su defensa ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en la ciudad alemana de Hamburgo, donde ratificó su pedido de medidas provisionales para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. La presentación apunta especialmente al proyecto Sea Lion, que contempla la extracción de hidrocarburos en una zona marítima cuya soberanía es objeto de una disputa histórica entre ambos países.
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Durante la segunda y última jornada de audiencias, la delegación argentina insistió en que el avance unilateral del emprendimiento representa un riesgo para los derechos nacionales sobre los recursos naturales de la plataforma continental. Por su parte, el Reino Unido cuestionó la competencia del tribunal y defendió la legalidad de las actividades petroleras autorizadas por las autoridades de las islas.
La audiencia dejó planteadas las posiciones de ambos países antes de que los jueces comiencen a deliberar. Según los plazos que se manejan, la decisión podría conocerse el viernes 13 de noviembre, aunque tampoco se descarta que se extienda hasta el lunes siguiente.
El cierre de la exposición argentina estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, quien sostuvo que durante las audiencias quedaron demostrados los fundamentos necesarios para justificar una intervención urgente del organismo internacional.
En particular, la Argentina consideró acreditada la competencia preliminar del futuro tribunal arbitral, la existencia de derechos que deben ser protegidos, el peligro de perjuicios irreparables y la urgencia de adoptar medidas antes de que comiencen las actividades de explotación.
La delegación nacional solicitó cuatro medidas concretas contra el Reino Unido: suspender las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura vinculada a Sea Lion; impedir que la información obtenida durante la exploración sea utilizada en perjuicio de los derechos argentinos; garantizar que Argentina pueda cumplir sus obligaciones de protección ambiental; y evitar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
Además, Oyarzábal reafirmó la disposición de Argentina a retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido y avanzar en acuerdos provisionales de carácter práctico mientras permanezca sin resolver la controversia de soberanía.
El representante argentino también cuestionó aspectos del procedimiento seguido por la delegación británica, entre ellos la presentación de documentación y el cumplimiento de los tiempos establecidos para las exposiciones.
Las audiencias dejaron en evidencia cinco diferencias fundamentales entre las posiciones de ambos países, que abarcan cuestiones jurídicas, económicas, territoriales y ambientales.
1. La competencia del tribunal. Argentina sostiene que su reclamo se refiere a obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y no pretende que el organismo resuelva directamente la soberanía sobre las islas. El Reino Unido, en cambio, considera que la demanda argentina se encuentra vinculada inevitablemente a esa controversia territorial, que excedería las atribuciones del tribunal.
2. La explotación unilateral de recursos. El Gobierno argentino argumenta que la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, aprobada en 1976, insta a las partes a evitar decisiones unilaterales mientras continúe la disputa. Por esa razón, considera que la autorización del proyecto Sea Lion vulnera ese principio. Londres responde que las actividades petroleras están amparadas por la legislación vigente en las islas y recuerda que las tareas de exploración se desarrollan desde hace décadas.
3. La autodeterminación y los recursos naturales. El Reino Unido invoca el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas y recuerda el referéndum de 2013, en el que una amplia mayoría votó a favor de mantener el vínculo político con Londres. Argentina, por su parte, sostiene que los derechos de los habitantes deben ser respetados, pero que eso no implica reconocerles facultades soberanas sobre los recursos de una plataforma continental en disputa.
En ese sentido, Oyarzábal afirmó que los recursos naturales en discusión pertenecen al pueblo argentino, integrado por aproximadamente 46 millones de personas.
4. La urgencia de las medidas. Argentina advierte que los trabajos preparatorios del proyecto ya comenzaron y que la plataforma de perforación Noble Endeavour fue contratada para operar en la región desde enero de 2027. El Reino Unido sostiene que las perforaciones no se iniciarán antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción efectiva recién comenzaría en 2028, por lo que considera innecesaria una intervención inmediata.
5. Los riesgos ambientales. La delegación argentina alertó sobre la posibilidad de derrames de hidrocarburos que podrían afectar aguas bajo su jurisdicción y recordó que el área se encuentra dentro de su zona de búsqueda y salvamento. La defensa británica respondió que los estudios ambientales del emprendimiento consideran bajos los riesgos y cuestionó la falta de pruebas de un daño inminente.
El proyecto Sea Lion está impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y se encuentra aproximadamente a 198 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en un bloque marítimo de unos 541 kilómetros cuadrados.
El emprendimiento contempla una etapa de producción de 35 años y la perforación de 23 pozos, con el inicio de las actividades previsto para los primeros meses de 2027.
Para Argentina, el carácter no renovable de los hidrocarburos es uno de los argumentos centrales para justificar la urgencia del reclamo. La extracción de petróleo implicaría una pérdida definitiva de recursos sobre los cuales el país reivindica derechos soberanos.
La presentación argentina también se apoya en la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y en la Resolución 31/49, que instó a evitar modificaciones unilaterales de la situación mientras continúen las negociaciones.
La delegación nacional está integrada por Mario Oyarzábal; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; y la embajadora argentina en Alemania, Bettina Pasquali de Fonseca.
También participan funcionarios de la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación, junto con especialistas internacionales como Nico Schrijver, Marcelo Kohen y Agustín Giustiniani.
Por el Reino Unido intervienen la fiscal general Ellie Reeves y los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, además de funcionarios de las islas. Los principales responsables de las empresas que impulsan Sea Lion también siguen las audiencias desde Hamburgo.
El presidente Javier Milei siguió las presentaciones desde Buenos Aires. Según informó Infobae, el mandatario manifestó su satisfacción por el trabajo de la delegación argentina y destacó las gestiones realizadas en torno a la cuestión Malvinas.
Concluidas las exposiciones, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá resolver si corresponde ordenar medidas provisionales destinadas a proteger los derechos invocados por Argentina mientras avanza el procedimiento arbitral principal.
Para adoptar una decisión, los jueces deberán evaluar la competencia preliminar del futuro tribunal arbitral, la plausibilidad de los derechos reclamados y la existencia de una situación de urgencia que justifique la intervención.
El Gobierno argentino contempla tres posibles escenarios. El primero es que el tribunal acepte íntegramente el planteo y ordene suspender las actividades vinculadas a Sea Lion. El segundo contempla una aceptación parcial de las medidas solicitadas, mientras que el tercero sería el rechazo del pedido por cuestiones de competencia o por falta de otros requisitos jurídicos.
De acuerdo con las estimaciones difundidas, el fallo sobre las medidas provisionales podría conocerse este viernes 13 de noviembre, aunque existe la posibilidad de que la resolución se postergue hasta el lunes 16.
La decisión no resolverá definitivamente la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, pero podría tener consecuencias importantes para el desarrollo del proyecto petrolero y para la posición jurídica de ambos países respecto de la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
Mientras tanto, la Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y sostiene que la controversia debe resolverse mediante negociaciones diplomáticas, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas.