Los trabajadores dormían en carpas y utilizaban letrinas improvisadas en un establecimiento rural de Nasalo. La Justicia Federal investiga un caso de presunta explotación laboral.
Un operativo de fiscalización en un establecimiento rural de la localidad de Nasalo, a unos 20 kilómetros de Añatuya, permitió detectar a 22 trabajadores que se encontraban en precarias condiciones laborales y habitacionales. Las irregularidades constatadas durante el procedimiento dieron lugar a una investigación por presunta explotación laboral.
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Durante la inspección se estableció que 19 de los trabajadores realizaban tareas de despale sin estar registrados y percibían remuneraciones inferiores a las contempladas en la escala salarial vigente. Además, se advirtió que carecían de indumentaria adecuada para desarrollar sus actividades.
Entre las principales irregularidades también se destacaron las condiciones en las que permanecían los trabajadores dentro del establecimiento. Según la información obtenida durante el operativo, varios de ellos dormían en carpas a la intemperie y utilizaban letrinas improvisadas que habían construido por sus propios medios, ante la falta de instalaciones sanitarias adecuadas.

Tras el procedimiento, Oscar Chazarreta, delegado provincial del RENATRE, destacó la importancia de las fiscalizaciones conjuntas. "El trabajo articulado entre los organismos es fundamental para combatir estas prácticas, defender los derechos de los trabajadores rurales y garantizar condiciones laborales dignas", sostuvo.
Por su parte, Marcos Barrera, delegado de UATRE, señaló que el procedimiento forma parte de una serie de inspecciones que se llevan adelante en distintos puntos de Santiago del Estero para combatir la informalidad y prevenir posibles situaciones de explotación laboral en el sector rural.

El operativo fue realizado de manera conjunta por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Secretaría de Trabajo de la Provincia. A partir de las irregularidades detectadas, se presentaron las denuncias correspondientes y tomó intervención la Justicia Federal, que deberá determinar las eventuales responsabilidades de los empleadores.