Es imprescindible la genuina institucionalidad de la propiedad de las tierras

En un sistema institucional solido y transparente, esa puja opera conforme al derecho y a los mercados competitivos, mediante las transacciones comerciales de los arriendos y las compraventas. Con contratos explícitos que, a su vez, se sostienen en modernos registros escriturales de la propiedad legal. Las permanentes innovaciones tecnológicas lo permiten, tanto desde las fotografías y los posicionamientos satelitales como los archivos digitalizados.

Sin ese sustento institucional, que excede al dialogo, los mecanismos para la posesión y el usufructo de las tierras se vuelven, también lógicamente, bárbaros y primitivos. La razón y la justicia quedan desalojadas por la fuerza necesaria para las ocupaciones territoriales y la capacidad para defenderlas o atacarlas, con violencia física y psicológica. Ello ha costado, muy penosamente, hasta vidas humanas, como ocurrió recientemente en nuestra provincia.

Santiago del Estero dispone de una clara ventaja comparativa en la disponibilidad de una abundancia relativa de su factor tierra. Su superficie de más de 13 millones de hectáreas es comparable a las de importantes provincias como Cordoba o Santa Fe. Pero, presenta graves falencias, tanto ante los potenciales inversores agropecuarios como frente a los campesinos pobladores, en términos de la validez legal de los documentos que acreditan la propiedad de las tierras.

Esa estructural endeblez institucional, para demostrar los genuinos derechos de propiedad de los campos, disminuye los precios de sus tierras y su productiva utilización social y económica. Ello ocurre porque así, las tierras pierden su capacidad de resultar activos de la economía real, representados por documentos reconocibles y transables en los mercados de las inversiones y los empleos.

Si descontamos las más de 3 millones de hectáreas que compondrían las áreas consideradas urbanas y suburbanas y los suelos denominados improductivos tales como los salinos, los pastizales, los esteros, rios y lagunas, etc. El resultado neto es de alrededor de 10 millones de hectáreas, de las cuales ya existirían mas de 3 millones de hectáreas de uso agropecuario estable y otras 2 millones de hectáreas con montes aun comercialmente sustentables, en términos forestales y ambientales, con sus derechos de propiedad razonablemente establecidos.

O sea que restarían alrededor de 5 millones de hectáreas, de pertenencia fiscal y privada, que precisarían de una clara determinación de su propiedad. En un programa de 10 años, delimitar alrededor de 500.000 hectáreas anuales parece ser una meta asequible con las actuales disponibilidades de tecnologías y recursos humanos especializados.