La decisión impacta sobre el programa Volver al Trabajo y redefine la asistencia social que manejaban organizaciones.
El Gobierno avanzará desde abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales y los reemplazará por un sistema de vouchers de capacitación laboral, en lo que representa el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo.
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La decisión forma parte de la hoja de ruta del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y apunta a reformular la política de asistencia. En ese marco, el programa Volver al Trabajo —creado como transición del plan anterior— dejará de pagarse y será sustituido por un esquema enfocado en la formación y la inserción laboral.
En los últimos días, los beneficiarios comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico. Allí se les informa el fin del programa y la posibilidad de inscribirse en el nuevo sistema. Según fuentes oficiales, el universo alcanzado ronda las 900 mil personas, correspondientes al segmento considerado con mayores posibilidades de inserción en el mercado laboral.
La medida marca el punto final de un proceso iniciado al comienzo de la gestión de Javier Milei, cuando el Gobierno decidió congelar el Potenciar Trabajo, eliminar la intermediación de organizaciones sociales y rediseñar el esquema de asistencia.
Ese programa llegó a superar los 1,3 millones de beneficiarios en los últimos años, en un contexto de deterioro económico y creciente protagonismo de los movimientos sociales en su administración. Desde el inicio, el oficialismo había fijado un plazo de 24 meses para su continuidad. Ese período se cumple en abril y la decisión es no prorrogarlo.
Tras su reconversión, el universo quedó dividido en dos grupos: unos 900 mil beneficiarios dentro de Volver al Trabajo, que serán alcanzados por la medida, y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente, que no serán dados de baja.
El nuevo modelo implica un cambio tanto conceptual como operativo. El Estado dejará de otorgar transferencias mensuales generalizadas para pasar a un sistema condicionado a la capacitación. Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, quienes deberán inscribirse y elegir cursos dentro de una red de centros de formación que aún se encuentra en desarrollo.
Desde el Ministerio de Capital Humano trabajan en la conformación de una red federal de instituciones, con propuestas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia. Según indicaron fuentes oficiales, el esquema se apoya en experiencias piloto previas, donde el Estado aporta la infraestructura y el sector privado se encarga de los contenidos y la capacitación.
A diferencia del sistema anterior, los fondos no serán transferidos a organizaciones ni intermediarios, sino directamente a los beneficiarios. “El recurso va a la persona, que decide dónde capacitarse”, señalaron desde el Gobierno.
El nuevo esquema también establece condiciones más exigentes: los participantes deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia. En caso de abandono, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder. El objetivo es vincular el gasto público con resultados concretos en términos de formación laboral.
El monto de los vouchers aún no fue definido y dependerá del costo de los cursos y la cantidad de inscriptos. En cualquier caso, el cambio implica dejar atrás un esquema de ingresos garantizados para avanzar hacia uno basado en incentivos.
En el Gobierno admiten que no todos los actuales beneficiarios optarán por incorporarse al nuevo sistema. Estiman que una parte se capacitará, mientras que otro sector podría quedar al margen, ya sea por falta de interés o porque ya cuenta con ingresos en la informalidad.
Según la mirada oficial, el plan de $78 mil no funcionaba como un ingreso suficiente y, en muchos casos, coexistía con otras actividades laborales. Bajo esa lógica, la medida no implica una salida del mercado de trabajo, sino una modificación en la forma en que el Estado interviene sobre ese universo.