La Cámara Federal revocó una decisión del juez Daniel Rafecas y habilitó continuar el proceso contra los acusados iraníes y libaneses prófugos por el ataque terrorista de 1994.
La Cámara Federal porteña ordenó avanzar con el proceso de juicio oral en ausencia contra los ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA, pese a que aún continúa pendiente un planteo sobre la constitucionalidad de la ley que habilita este mecanismo judicial.
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La decisión fue tomada por los jueces Mariano Llorens y Martín Irurzun, integrantes de la Sala I del tribunal, quienes revocaron una resolución del juez federal Daniel Rafecas que había suspendido el avance del caso hasta que la Cámara Federal de Casación Penal resolviera la validez de la ley de juicio en ausencia.
De esta manera, la Justicia habilitó continuar con las definiciones procesales y la futura elevación a juicio de los acusados, quienes permanecen prófugos y con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006.
El titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, había solicitado seguir adelante con el trámite judicial y apeló la decisión de Rafecas, argumentando la necesidad de evitar nuevas demoras en una causa que lleva más de tres décadas sin condenas.
En el fallo, el camarista Llorens sostuvo que debe priorizarse “la necesidad de dotar de celeridad a la causa” y remarcó que el atentado contra la AMIA “no constituye un delito ordinario susceptible de ser sanado por el mero transcurso del tiempo”.
Además, recordó que ya pasaron más de 30 años desde el ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994 en la sede de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, donde murieron 85 personas y cientos resultaron heridas.
Los magistrados también citaron resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado argentino a remover obstáculos legales que impidan investigar y juzgar a los responsables del atentado.
Por su parte, Irurzun sostuvo que la ley de juicio en ausencia fue creada para permitir el avance de causas vinculadas a graves violaciones de derechos humanos cuando los acusados permanecen prófugos.
En la causa están acusados diez ciudadanos iraníes y libaneses, entre ellos Ali Akbar Velayati, Mohsen Rabbani y Ahmad Vahidi. También fue solicitada la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, señalado como uno de los jerarcas del régimen iraní.