La administración de Javier Milei asegura que ya eliminó más de 60.000 puestos desde el inicio de la gestión y ahora apunta a profundizar el ajuste en áreas descentralizadas como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional e INTA.
Luego de haber reducido más de 60 mil empleos públicos desde el comienzo de la gestión, el Gobierno apunta a recortar en los próximos meses otros cinco mil puestos de trabajo en diferentes organismos descentralizados del Estado.
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La estimación, medida por los equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, responde a una serie de retiros voluntarios ofrecidos en las principales entidades del Estado desde marzo en adelante para reducir la planta de empleados y ahorrar recursos.
En ese contexto, en el Gobierno calculan que entre marzo pasado y agosto habrán recortado entre 4000 y 5000 empleos públicos, de acuerdo al grado de adhesión a los retiros.
La cifra comprende alrededor de 1200 empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que aceptaron el acuerdo de salida ofrecido en marzo, lo cual representó una reducción del 10% de la planta del organismo.
Lo mismo sucedió en los casos de Vialidad Nacional, donde adhirieron cerca de 1000 empleados más; y en INTA, donde se abrió un proceso al que ya firmaron otros 400.
A su vez, en próximos días se iniciará un programa de retiro en el PAMI, organismo que cuenta con una dotación de 12.184 trabajadores bajo convenio colectivo. Completan la lista retiros en Radio y Televisión Argentina (RTA) y Casa de Moneda.
Según explicaron en el Ministerio de Desregulación, el retiro voluntario equivale a alrededor del 90% del sueldo bruto por cada año trabajado, lo cual, si bien representa un gasto para el Estado, en el plazo de un año se compensa por el ahorro generado en materia salarial. “Todo sin tener conflictos judiciales”, sostuvo un funcionario al tanto de la medida.
En ese sentido, la cartera que conduce Federico Sturzenegger continúa analizando la situación de otros organismos para determinar el tamaño de su planta de acuerdo a sus funciones, un mecanismo que también busca implementarse en el resto de la Administración Pública Nacional.