El juez que controla la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner pidió informes sobre sus movimientos dentro del edificio

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien tiene a su cargo el control de la ejecución de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, ordenó este miércoles una serie de medidas para determinar con mayor precisión los movimientos de la expresidenta dentro del edificio donde cumple prisión domiciliaria.

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El magistrado, integrante del Tribunal Oral Federal N° 2, solicitó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) información sobre las salidas registradas desde la unidad funcional de San José 1111 para utilizar la terraza.

Además, pidió precisiones sobre el funcionamiento del dispositivo de monitoreo y si permite establecer la ubicación concreta de Cristina Kirchner dentro del edificio.

La decisión del tribunal se produjo luego de que fueran incorporadas publicaciones periodísticas relacionadas con otra investigación judicial.

En ese marco, Giménez Uriburu solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 información sobre la causa en la que están involucrados Abel Furlán, exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM).

La investigación analiza presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, relacionados con un contrato entre la UOM y USEM.

El interés del TOF 2 radica en que, según la información incorporada al expediente, Calle adquirió un departamento ubicado en el primer piso de San José 1111, directamente debajo de la unidad donde Cristina Kirchner cumple su condena.

Por ese motivo, el juez pidió conocer el objeto de la causa, las personas imputadas, su estado procesal y cualquier otro elemento que pudiera resultar relevante para el control de la prisión domiciliaria.

Uno de los principales puntos del requerimiento está relacionado con el sistema de vigilancia electrónica.

El tribunal pidió saber si Cristina Kirchner registra egresos de su departamento para dirigirse a la terraza, una posibilidad que había sido autorizada judicialmente en septiembre de 2025.

En caso de que existan esos movimientos, la DAPVE deberá informar las fechas y horarios, incluso si esos datos no fueron individualizados en los informes mensuales enviados al tribunal.

Giménez Uriburu también solicitó determinar si el dispositivo permite identificar en qué lugar del edificio se encuentra la exmandataria cuando abandona su departamento.

En particular, el tribunal busca saber si el sistema puede diferenciar entre una permanencia en la terraza, otro piso o un sector diferente del inmueble.

Si el dispositivo solamente permite verificar que la persona permanece dentro de un determinado radio, la DAPVE deberá informar qué extensión tiene esa zona de cobertura y qué espacios comprende.

El juez también pidió precisar si ese radio puede alcanzar la vía pública o inmuebles linderos, situación que podría dificultar la determinación exacta del lugar donde se encuentra la expresidenta.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria a partir de la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 en la causa Vialidad.

En diciembre de 2022 fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como coautora del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por su defensa.

Ahora, el tribunal que controla la ejecución de la pena busca determinar con mayor precisión cómo funciona el monitoreo electrónico y qué movimientos dentro del edificio quedan registrados, en particular aquellos vinculados con el uso autorizado de la terraza.