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Inocencia Fiscal II: el proyecto del Gobierno quedó listo para ser tratado en el Senado

El senador radical Flavio Fama firmó el dictamen que faltaba y la iniciativa obtuvo mayoría en comisión. El oficialismo podría llevarla al recinto desde el próximo jueves, una vez cumplido el plazo reglamentario.

Hoy 16:42

El proyecto de Inocencia Fiscal II, impulsado por el Gobierno nacional, quedó formalmente habilitado para avanzar en el Senado luego de que el senador radical por Catamarca Flavio Fama firmara el dictamen de mayoría que faltaba.

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La firma se produjo este jueves, después del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, y permitió completar el trámite parlamentario necesario para que la iniciativa pueda ser llevada al recinto.

El proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, podría ser tratado por los senadores a partir del próximo jueves, una vez cumplidos los siete días reglamentarios desde la emisión del dictamen.

La iniciativa forma parte de la agenda económica del Gobierno y propone modificar el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por la ARCA, con cambios destinados a facilitar la presentación de las declaraciones juradas y establecer nuevos límites para las facultades de fiscalización del organismo.

Uno de los principales cambios consiste en eliminar los topes de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso al Régimen Simplificado. Los límites vigentes se ubican en $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.

De aprobarse el proyecto, cualquier contribuyente con residencia fiscal en la Argentina podría adherir al esquema, que reemplazaría la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación simplificada.

El texto también establece nuevas condiciones para que la ARCA pueda impugnar una declaración. El organismo deberá detectar una diferencia de al menos 15% sobre el impuesto determinado para formular una observación, en lugar de tomar como referencia el saldo final a pagar.

A su vez, se incorpora una regla de razonabilidad para las diferencias detectadas. No serán consideradas significativas aquellas que sean iguales o inferiores al 5% del umbral establecido por el Régimen Penal Tributario, cifra que actualmente equivale a $5 millones.

El contribuyente también tendrá un plazo de 15 días hábiles para corregir la declaración e ingresar el monto adeudado, sin que esa diferencia derive automáticamente en una impugnación dentro del régimen.

Otro de los puntos centrales está relacionado con la carga de la prueba. El proyecto establece que será la ARCA la que deberá acreditar las inconsistencias, utilizando para ello información declarada, registros del sistema o datos proporcionados por terceros.

La reforma también limita el uso de determinadas presunciones por parte del organismo recaudador. Entre otras disposiciones, se suspende hasta el 31 de diciembre de 2027 la posibilidad de utilizar la presunción vinculada con depósitos bancarios, mientras que otras presunciones deberán contar con elementos externos que respalden el ajuste.

El proyecto contempla además beneficios para pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no estén alcanzadas por la categoría de Grandes Contribuyentes Nacionales. Para estos sectores se establece una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

Durante el tratamiento en Diputados, el oficialismo y sus aliados acordaron además excluir de los principales beneficios del régimen a los funcionarios públicos que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad durante los últimos cinco años.

En esos casos, podrán utilizar el sistema para presentar la declaración y pagar el impuesto correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a las demás protecciones tributarias previstas para los contribuyentes alcanzados por el régimen.

Respecto de los activos en dólares que permanecen fuera del circuito formal, la iniciativa no establece una amnistía general, sino que modifica las reglas bajo las cuales la ARCA podrá investigar el patrimonio de los contribuyentes, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos fondos al sistema formal.

Durante el plenario de las comisiones también expusieron especialistas en materia tributaria, entre ellos Martín Caranta y Juan Martín Jovanovich, quienes brindaron sus opiniones sobre los alcances de la reforma.

Con la firma de Fama, el dictamen de mayoría quedó completo y el proyecto ingresó en la cuenta regresiva para su eventual tratamiento en el Senado, donde el oficialismo deberá reunir los acuerdos necesarios para conseguir su aprobación definitiva.