El gobierno de Sánchez anunció un plan para paralizar los desalojos en España hasta 2030

El gobierno de Pedro Sánchez anunció este martes un paquete de medidas que incluye la paralización de los desalojos en España hasta 2030, en medio de masivas protestas tras el desalojo de una jubilada madrileña de 87 años que pusieron nuevamente a prueba al presidente socialista.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, comunicó en redes sociales las medidas acordadas tras tensas negociaciones dentro de la coalición de gobierno y que ahora deben pasar por el Congreso, donde el Ejecutivo no está en mayoría. Según el diario El País, la votación legislativa tendrá lugar el próximo viernes.

Se trata de un paquete de medidas sobre la vivienda exigido por el Sindicato de Inquilinas y plataformas sociales en España, tras masivas protestas y acampadas (como la de la Puerta del Sol en Madrid, que sigue activa) motivadas por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de un piso en Madrid tras vivir de alquiler durante 70 años.

Como parte de las medidas acordadas entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus socios de Sumar, se anunció una prórroga ampliada de los contratos de alquiler en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028, regulación de temporada y habitaciones, desahucios parados hasta 2030 y prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre.

Estos fondos de inversión, al igual que las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, están en el punto de mira de los manifestantes, que los acusan de disparar los precios al comprar viviendas en España y reducir la oferta.

Además, en el gobierno se alcanzó un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo decreto.

“Es el momento de intervenir en el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y fondos buitre. Gracias a las movilizaciones y las acampadas. Sin vosotras esto no hubiera sido posible”, fue el mensaje de la ministra García que cerró el anuncio esperado por los cientos de manifestantes.

Votación
Estas medidas forman parte del que se ha conocido como “decreto Maricarmen”, bautizado así por la madrileña de 87 años desalojada la semana pasada de la vivienda en la que residía desde hace 70 años, tras su adquisición por una empresa inversora. Su imagen siendo sacada en camilla de su departamento desató una ola de indignación en España y puso la crisis de acceso a la vivienda en primer plano, a menos de un año de las elecciones legislativas de 2027.

El gobierno dispone de 30 días desde la publicación del decreto para alcanzar un consenso ‌con sus aliados en el Congreso, un escenario que por ahora está complicado.

Junts, el partido independentista catalán cuyo apoyo sería necesario para que se apruebe el decreto, dijo el martes que aún estaba lejos de dar su visto bueno y que quería protección para los pequeños propietarios, que constituyen la gran mayoría de los propietarios en España.

La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, dijo en la cadena estatal española RTVE que la postura de su partido era favorable al freno de los desahucios en inmuebles que son propiedad de ‌los fondos buitres. Sin embargo, añadió que “mezclar a aquellos que han invertido sus ahorros en un piso, en un restaurante ⁠o en una propiedad —metiéndolos a todos en el mismo saco— es un error”.

Desde la oposición, el Partido Popular (PP) rechazó los decretos, con fuertes críticas al gobierno de Sánchez.