Paraguay busca superar la crisis financiera, pero la incertidumbre política amenaza al nuevo gobierno

Paraguay intenta dejar atrás una de las semanas más turbulentas de su historia reciente. A siete días de la caída del Ueno Bank, la detención de exdirectivos de la entidad y la salida del presidente Santiago Peña del poder, el país consiguió contener el impacto financiero inicial, aunque todavía enfrenta importantes desafíos institucionales y políticos.

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La crisis comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank, una entidad que tenía aproximadamente 2,9 millones de cuentas en un país de seis millones de habitantes. La decisión provocó el bloqueo de tarjetas y la interrupción del acceso a las aplicaciones y cuentas de los clientes.

El temor a que el problema se extendiera al resto del sistema bancario generó preocupación entre los ahorristas. Sin embargo, las demás entidades financieras mantuvieron sus operaciones, ampliaron sus horarios de atención e incluso abrieron sus sucursales durante el fin de semana para transmitir tranquilidad.

Uno de los indicadores que reflejó el impacto de la crisis fue el riesgo país, que pasó de 119 a 138 puntos básicos durante las primeras jornadas de la semana, con un pico cercano a los 157 puntos. Pese al incremento, Paraguay conservó su grado de inversión y sus bonos continuaron entre los más seguros de América Latina.

También hubo fuertes movimientos en el mercado cambiario. El guaraní llegó a depreciarse un 8,17% frente al dólar en cinco días, aunque posteriormente mostró señales de estabilización.

El Banco Central aceleró la devolución de los depósitos

Para evitar que la crisis se extendiera, el Banco Central puso en marcha el Fondo de Garantía de Depósitos, que durante las primeras dos jornadas de pagos alcanzó a casi 1,2 millones de ahorristas y desembolsó alrededor de 160 millones de dólares.

El mecanismo contempla la devolución de hasta 40 salarios mínimos por depositante. Según las estimaciones del organismo, el 97% de los clientes recuperará la totalidad de sus ahorros, mediante acreditaciones en cuentas de otras entidades financieras.

El proceso también contempla a quienes tenían deudas con Ueno Bank: en esos casos, primero se descuentan las cuotas vencidas y luego se transfiere el saldo correspondiente.

Sin embargo, el panorama es más complejo para el 3% restante, donde se concentran depósitos de grandes inversores y entidades públicas que todavía deben atravesar el proceso de liquidación.

Pedro Alliana y el desafío de sostener el poder

Con la emergencia financiera parcialmente contenida, el principal interrogante pasó a ser el futuro político del nuevo presidente, Pedro Alliana, quien asumió tras la salida de Santiago Peña.

La situación está atravesada por el peso de Horacio Cartes, expresidente y principal referente del Partido Colorado, cuyo respaldo resulta determinante para la continuidad del nuevo mandatario.

Cartes busca recomponer el poder de su espacio político y mantener la influencia sobre el Poder Ejecutivo, con vistas a definir al candidato que representará al oficialismo en las próximas elecciones.

En ese contexto, Alliana deberá administrar las consecuencias de la crisis bancaria, las pérdidas económicas de sectores influyentes y las tensiones dentro de su propio espacio político.

En el plano internacional, el Gobierno también buscó transmitir continuidad. El canciller Rubén Ramírez Lezcano ratificó ante representantes diplomáticos que se mantendrán los lineamientos de política exterior y el alineamiento con Estados Unidos.

El nuevo presidente, de hecho, mantuvo una comunicación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien expresó el compromiso de Washington con una asociación sólida y duradera con Paraguay.

De esta manera, aunque el país consiguió evitar que el derrumbe de Ueno Bank provocara un colapso generalizado del sistema financiero, la estabilidad política todavía está lejos de estar garantizada. El desafío de Alliana será sostener el respaldo de Cartes y conducir un gobierno que deberá responder tanto por las consecuencias económicas como por las responsabilidades institucionales de la crisis.