La justicia liquidará las acciones de Austral Agro SA, una de las empresas que operaba Lázaro Báez desde la cárcel

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 resolvió hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y avanzar con la liquidación de las acciones de Austral Agro S.A. para saldar las sanciones pecuniarias firmes recaídas sobre sus titulares. Se trata de una de las empresas que Lázaro Báez continuaba administrando desde la cárcel, por fuera del circuito judicial.

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Conforme surge del Libro Registro de Acciones n° 1 de la empresa, la propiedad de la firma se compone por un 70% a nombre de Lázaro Antonio Báez y el 30% restante a nombre de su hijo, Martín Antonio Báez. Ambos registran abultadas deudas con el Estado en concepto de multas no canceladas: el empresario patagónico debe afrontar la suma de US$ 329.237.200,14, en tanto Martín Báez adeuda US$ 274.364.333,45.

Frente a este escenario, la magistrada de Cámara Valeria Rico y el secretario Facundo Vásquez dispusieron la liquidación del paquete accionario con fundamento en el artículo 21 del Código Penal y en sintonía con las medidas de subasta dispuestas en los legajos de ejecución de la causa. A los fines de efectivizar la medida, se ordenó la inscripción de las acciones a nombre del Estado Nacional, fijando una asignación específica en favor de la Unidad de Información Financiera (UIF) en los términos del artículo 27 de la Ley 25.246.

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En la misma resolución, el juzgado convocó con carácter de urgente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que tome el control operativo de la firma y administre sus bienes y frutos con miras a cancelar los montos exigidos, debiendo presentar un informe de avance en un lapso de 10 días hábiles.

Asimismo, se encomendó a las veedoras del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizar una valuación patrimonial completa de Austral Agro S.A. y sus activos en un plazo idéntico de diez días hábiles antes de proceder a la realización final de la firma.

La decisión llega luego de que la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, y la PROCELAC, representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte, formalizaran la imputación contra 16 personas en dos casos conexos: en uno se investiga el lavado de activos —por un flujo estimado de 390.880.000 pesos— que se atribuyó al empresario Lázaro Báez y su entorno (integrado por diez personas) y en el otro se imputó a nueve integrantes de una supuesta organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes, por lo menos desde diciembre de 2025.

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El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, declaró la legalidad de 12 detenciones, las convirtió en prisión preventiva y dispuso que el plazo máximo de duración de las investigaciones sea de dos años, en línea con lo requerido por el MPF. A los otros cuatro implicados se les fijaron medidas de coerción.

Qué es Austral Agro

Austral Agro SA, es una sociedad que los Báez crearon para realizar actividad ganadera. A traves de ella adquirieron varias estancias en Santa Cruz y pese a las solicitudes para avanzar en la liquidación de la misma, seguía activa.

A través de Austral Agro, Báez habría seguido recaudando en por lo menos diez estancias con diferentes arrendatarios, con los que suscribía contratos que pasaban por escribanías de Río Gallegos, la justicia investiga la validez de los contratos y la responsabilidad de quienes pagaban. En el documento encontrado en uno de los 27 allanamientos simultáneos, se encontró un resumen de más de 5 millones de pesos mensuales de recaudación que era administrado por Cristian Ibañez.y el detalle de cuanto pagaban en cada caso, desde miles de dólares hasta con caballos.

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Incluso Ibáñez -la mano derecha de Báez en esta trama- llegó a tener su propio contrato de administración en la estancia La Entrerriana como lo muestra uno de los papeles encontrados en los allanamientos en posesión de miembros de la banda de Báez.

En 2022 una presentación de la AFIP-DGI, denunció una elevada deuda de impuestos. El organismo estatal afirmó por entonces que los alquileres de inmuebles facturados por Austral Agro a Austral Construcciones, sencillamente “no existen”.

Para el organismo, las operaciones facturadas entre las dos empresas de los Báez “no se corresponden con prestaciones reales, sino que constituyen solamente un medio de traslación de fondos, de una firma a la otra, necesarios para hacer frente a una actividad comercial incipiente y por tanto deficitaria, y a los importantes incrementos patrimoniales de Austral Agro SA, producidos para cada año fiscalizado, reflejados en su mayor parte, por la adquisición de todas las estancias analizadas”. El organismo determinó que Austral Construcciones resultó ser el principal cliente de Austral Agro SA.