El máximo tribunal anuló dos artículos del decreto 70/2023 y restituyó las facultades del Estado para controlar las cuotas de la medicina privada.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves 19 de noviembre la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que habían eliminado el control estatal sobre los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
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La resolución establece que la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus facultades para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos de los planes de salud privados, de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación vigente.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y representa un pronunciamiento sobre uno de los puntos centrales de la desregulación del sector sanitario impulsada por el Gobierno.
Cómo se originó el fallo
La decisión judicial surgió a partir de la demanda de una afiliada cuya cuota de medicina prepaga aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
La mujer cuestionó los incrementos y recurrió a la Justicia al considerar que la eliminación de los controles estatales había permitido aumentos excesivos.
En una instancia anterior, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucionales los artículos cuestionados y dispuesto que los aumentos se limitaran al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sin embargo, la Corte Suprema confirmó únicamente la inconstitucionalidad de las disposiciones que eliminaron la regulación y rechazó establecer un límite automático vinculado con la inflación.
Qué cambia para los afiliados a las prepagas
Con la decisión del máximo tribunal, las empresas de medicina privada ya no podrán modificar libremente el valor de sus cuotas sin la intervención del organismo regulador.
La Superintendencia de Servicios de Salud deberá evaluar los incrementos solicitados y determinar si están justificados por variaciones en los costos de las prestaciones y cálculos razonables de los riesgos.
Esto significa que las prepagas podrán seguir solicitando aumentos, pero deberán someterlos nuevamente a los mecanismos de control y autorización estatal.
El fallo también podría tener consecuencias en unas 500 causas similares pendientes de resolución y servir como antecedente para otros reclamos judiciales de afiliados.
No obstante, la sentencia no dispone una devolución general y automática de los aumentos ya abonados. La situación de cada usuario dependerá de las resoluciones que correspondan en su caso.
Por qué la Corte declaró inconstitucional la medida
Los jueces consideraron que el Poder Ejecutivo no había justificado adecuadamente la necesidad de eliminar los controles estatales mediante un decreto de necesidad y urgencia.
En su resolución, recordaron que la Constitución Nacional permite utilizar los DNU únicamente en circunstancias excepcionales, cuando no resulta posible seguir el procedimiento legislativo ordinario o existe una urgencia incompatible con ese trámite.
Para el máximo tribunal, las referencias a la crisis económica y a la necesidad de mejorar la competitividad del sistema de salud no demostraron que fuera indispensable suprimir las facultades regulatorias mediante ese mecanismo.
La Corte aclaró que su decisión alcanza exclusivamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de las restantes disposiciones del decreto.
De esta manera, el Estado vuelve a tener atribuciones para controlar los aumentos de las prepagas, en una resolución judicial que podría modificar el funcionamiento del sector y abrir nuevas instancias de revisión sobre los incrementos aplicados a los afiliados.