El presidente de la Unión Argentina de Salud, Hugo Magonza, cuestionó la decisión judicial que restablece el control estatal sobre los aumentos de las cuotas.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de restablecer el control estatal sobre los aumentos de las cuotas de medicina prepaga generó una fuerte reacción entre las empresas del sector. Desde la Unión Argentina de Salud (UAS) advirtieron que la medida podría afectar la continuidad de las prestaciones y aumentar los conflictos judiciales.
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El presidente de la entidad, Hugo Magonza, cuestionó el fallo que declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023, mediante los cuales el Gobierno de Javier Milei había liberado los precios de los planes de salud privados.
“Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura”, afirmó el dirigente, quien consideró que la resolución genera “un nivel de inseguridad jurídica enorme”.
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Las prepagas advierten sobre el futuro de las coberturas
Magonza sostuvo que el sector atraviesa dificultades económicas acumuladas durante años y que el regreso de los controles podría profundizarlas.
“El sistema literalmente ya está quebrando”, aseguró.
Según su interpretación, las regulaciones anteriores provocaron un retraso en los ingresos de las empresas, debido a que los aumentos autorizados no siempre reflejaban los costos de funcionamiento de cada prestadora.
El titular de la UAS también cuestionó que durante años se aplicaran incrementos similares a empresas con estructuras de costos y poblaciones de afiliados diferentes.
En ese sentido, señaló que los planes que cuentan con afiliados de mayor edad o con enfermedades de tratamiento prolongado enfrentan gastos más elevados.
Temor por una ola de juicios y reclamos
Uno de los principales cuestionamientos del sector empresarial está relacionado con la posibilidad de que el fallo impulse nuevas demandas judiciales.
“Le abre una brecha enorme para la judicialización”, sostuvo Magonza, al advertir sobre eventuales pedidos de devolución de dinero, indemnizaciones y acciones colectivas.
El dirigente consideró que esos procesos podrían comprometer recursos destinados a las prestaciones médicas.
“La judicialización se lleva una gran cantidad de los recursos del sistema”, manifestó.
No obstante, la sentencia de la Corte no dispone devoluciones automáticas ni establece que todos los aumentos anteriores deban ser reintegrados. Las consecuencias sobre reclamos particulares deberán determinarse en las instancias judiciales correspondientes.
Qué resolvió la Corte Suprema
El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado las facultades estatales para controlar los incrementos de las empresas de medicina prepaga.
La resolución se originó en el reclamo de una afiliada cuya cuota aumentó 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
A partir del fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera las atribuciones legales para revisar y autorizar los aumentos, teniendo en cuenta las variaciones de costos y los cálculos actuariales de las empresas.
Sin embargo, los jueces aclararon que los incrementos no deberán quedar automáticamente limitados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La posición de las empresas ante el nuevo escenario
Magonza cuestionó que la Superintendencia pueda retomar de inmediato las funciones regulatorias, debido a los cambios administrativos implementados desde la entrada en vigencia del decreto.
El representante empresarial anticipó que la Unión Argentina de Salud prepara un documento con argumentos jurídicos para analizar el alcance de la sentencia.
Mientras tanto, el fallo abrió un nuevo escenario para las empresas y sus afiliados: la Justicia dispuso recuperar los controles sobre las cuotas, mientras las prepagas advierten sobre posibles dificultades para sostener el nivel actual de sus servicios.
Las advertencias sobre una eventual pérdida de cobertura corresponden a la posición de la entidad empresarial y no constituyen una consecuencia ya determinada por la resolución judicial.