Este miércoles se desarrolló una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Érika Antonella Álvarez, en un caso que ha conmocionado a la sociedad tucumana.
Este miércoles 18 de noviembre se llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Érika Álvarez, una joven de 25 años cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero en un basural de Manantial Sur, Tucumán. El principal acusado es el ex militar Felipe Sosa, quien enfrenta la solicitud del Ministerio Fiscal de una pena de prisión perpetua en su contra. Este caso ha captado la atención de la opinión pública debido a su gravedad y a la naturaleza de los delitos involucrados.
En la misma audiencia, se abordaron los casos de los acusados Justina Gordillo y Jorge Díaz, quienes están imputados por encubrimiento, enfrentando una posible condena de seis años de cárcel. La Unidad Fiscal de Homicidios I, liderada por Pedro Gallo, está llevando a cabo la investigación, con el apoyo de las investigadoras Carolina Brito Ledesma y Giuliana Ricciuti.
En cuanto al juicio, es importante recordar que el pasado 29 de julio, Nicolás Navarro Flores fue condenado a tres años de prisión mediante un juicio abreviado. Durante la audiencia de hoy, se presentó el testimonio de una escribana pública que reveló que el 7 de enero, Felipe Sosa se comunicó con ella por WhatsApp para solicitarle la confección de poderes para empresas de su propiedad, lo que podría implicar un intento de ocultar su responsabilidad.
Además, la Secretaria de Superintendencia de la Corte Suprema también testificó, lo que podría influir en el desarrollo de la causa. Para la jornada de mañana, se espera que expertos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF aporten información crucial al caso, aumentando la relevancia de esta audiencia.
El tribunal está conformado por los jueces Gonzalo Javier Ortega (presidente), Eliana Gómez Moreira y María Valeria Mibelli. Al inicio del debate, el representante del MPF solicitó a los jueces que condenen a Sosa a prisión perpetua por el delito de femicidio, mientras que para Gordillo y Díaz se pidieron seis años de prisión efectiva por encubrimiento.
Según la acusación, el 7 de enero, alrededor de las 3:37, Érika Álvarez dejó su hogar y se dirigió al domicilio de Sosa, donde se presume que fue agredida violentamente, resultando en su muerte por traumatismo craneofacial y cervical. Este hecho pone de manifiesto la vulnerabilidad de la víctima, que fue objeto de un acto de violencia extrema.
La Fiscalía sostiene que Gordillo tuvo un papel activo en el encubrimiento de los hechos, comunicándose con Sosa y facilitando su huida. Además, se le atribuye la eliminación de pruebas y el ocultamiento del cuerpo de Álvarez, lo que agrava su situación legal. Por su parte, Díaz también está implicado en el ocultamiento de evidencias, lo que refuerza la acusación de encubrimiento en este caso tan complejo.