La iniciativa apunta a actualizar la normativa vigente desde 2010 y redefinir criterios de intervención. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, con el objetivo de actualizar la normativa vigente y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
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El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Según fuentes oficiales, el proyecto busca modernizar la ley sancionada en 2010 y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que actualmente no cuentan con un encuadre adecuado”, además de superar limitaciones en la atención de casos críticos.
Uno de los principales ejes de la reforma es la redefinición de conceptos clave. Desde el Gobierno consideran que el término “padecimiento mental” resulta ambiguo y puede dificultar los diagnósticos.
En ese sentido, la iniciativa propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y posteriores), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión.
Además, se plantea reemplazar el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física”, lo que permitiría avanzar en intervenciones más rápidas y preventivas.
El proyecto establece que la internación seguirá siendo un recurso excepcional, aunque necesario en determinados casos. También prevé que los psiquiatras puedan indicar internaciones involuntarias, que deberán ser ratificadas por un equipo interdisciplinario.
Entre los cambios propuestos, se incluye la extensión del plazo de notificación judicial de 10 a 24 horas.
En los casos de internación voluntaria, si el paciente solicita el alta, se evaluará su estado y, en caso de detectarse una alteración en su capacidad, podrá transformarse en internación involuntaria con intervención judicial.
Otro de los puntos centrales es el fortalecimiento de la red de atención en salud mental, con una mayor presencia de hospitales especializados, en contraste con la ley vigente que promueve el cierre de instituciones psiquiátricas.
Actualmente, existen 30 hospitales monovalentes públicos y al menos 139 privados, lo que evidencia la relevancia de estos espacios dentro del sistema.
Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.
Para la elaboración del proyecto, el Gobierno realizó un relevamiento que incluyó testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud y actores del ámbito judicial y legislativo.
Entre los principales problemas detectados, se señaló que solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente y que existen apenas 18 hospitales generales con servicios de salud mental.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca reordenar el sistema, mejorar la capacidad de intervención y avanzar en una actualización integral de la política de salud mental en el país.