La Justicia ordenó suspender obras del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas

La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender el inicio o la continuidad de las obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited en la zona de las Islas Malvinas.

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La decisión fue adoptada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar que alcanza a las perforaciones, instalaciones submarinas y al inicio de la explotación hidrocarburífera vinculada con el emprendimiento.

La resolución también contempla medidas destinadas a impedir determinados movimientos financieros relacionados con la ejecución del proyecto y solicita comunicar la existencia del proceso judicial a autoridades regulatorias y mercados de valores.

Según establece el fallo, también se requiere a las compañías que identifiquen a las entidades financieras, aseguradoras y otros actores involucrados en el financiamiento de Sea Lion.

La magistrada aclaró que la decisión tiene carácter cautelar y que no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre el conjunto de cuestiones que forman parte de la causa principal.

Las empresas deberán informar el estado del proyecto

La Justicia intimó además a Rockhopper y Navitas para que, dentro de los diez días judiciales posteriores a la notificación, presenten una declaración jurada acompañada por documentación que permita determinar el estado actual del proyecto.

Entre otros puntos, tendrán que informar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación, además de la cantidad, ubicación y situación de los pozos previstos.

También deberán detallar las unidades flotantes y equipos de perforación contratados, junto con los principales contratistas y subcontratistas que participan del emprendimiento.

La orden judicial requiere asimismo información sobre la estructura societaria utilizada para Sea Lion, las entidades financieras y fondos que aportaron recursos, así como los desembolsos ya realizados, comprometidos o pendientes.

Las petroleras tendrán que identificar además a las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas, y entregar los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de eventuales derrames y planes de contingencia relacionados con la explotación.

También alcanza al financiamiento de Sea Lion

La medida exige que las compañías informen sobre las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas como apoyo del emprendimiento, así como cualquier ampliación o incorporación de nuevos pozos.

Además, dentro de la acción judicial se solicitó prohibir a las empresas celebrar nuevos contratos de financiación vinculados con Sea Lion, recibir desembolsos, realizar pagos o transferencias, efectuar aportes de capital o préstamos entre sociedades relacionadas y constituir garantías o afectar activos destinados al proyecto.

La decisión judicial representa un nuevo capítulo en torno a Sea Lion, luego de que la jueza Borruto se declarara competente para intervenir en la demanda contra las compañías involucradas en el desarrollo hidrocarburífero en el Atlántico Sur.