El Senado debate la reforma de la Ley de Salud Mental en medio de diferencias entre aliados

El Senado de la Nación sesiona con una agenda que tiene como uno de sus principales puntos el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, impulsado por el oficialismo. La iniciativa se debate en medio de diferencias con algunos bloques aliados, especialmente por el financiamiento que demandaría su aplicación y las funciones que tendrán los distintos profesionales de la salud.

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La jornada comenzó con un homenaje al senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza por La Rioja, fallecido recientemente. En su lugar asumió Claudia Cecilia López, quien prestó juramento para incorporarse a la Cámara alta. También se recordó a Norberto Di Próspero, ex titular del gremio de la Asociación del Personal Legislativo (APL), y estaba previsto un reconocimiento al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

Entre los asuntos que integran el temario figuran, además, propuestas vinculadas con beneficios fiscales para inversiones a partir de los 12 millones de dólares y la regulación del mercado de bonos de carbono. La sesión también podría incluir cuestionamientos de la oposición al Gobierno nacional.

Otro punto de tensión gira en torno a la convocatoria al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que concurra al Congreso a presentar su informe de gestión. Un proyecto de resolución busca establecer su asistencia para el miércoles 18 de noviembre, en el marco del reclamo por el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que dispone la presentación mensual del funcionario ante el Congreso, alternando entre ambas cámaras. Desde el Gobierno manifestaron la predisposición de Santilli para concurrir el 25 de noviembre.

En cuanto a la reforma de Salud Mental, uno de los principales desacuerdos está relacionado con los recursos necesarios para implementar los cambios. Aunque el oficialismo anticipó ajustes en la redacción para precisar cómo se pondrá en marcha la normativa, algunas provincias mantienen reparos sobre las obligaciones que podrían asumir.

La otra discusión enfrenta distintas posiciones dentro del ámbito sanitario respecto del papel de psicólogos y psiquiatras. Representantes de provincias que integran el Consejo Federal de Salud (CoFeSa) reclaman que ambas profesiones tengan una participación equivalente en determinados procedimientos contemplados por la ley.

El proyecto propone modificar los requisitos para las internaciones y reemplazar la exigencia específica de intervención de un psiquiatra por la de un médico, con preferencia por esa especialidad, o un profesional con formación en salud mental. La evaluación también incluiría la firma de otro profesional, con participación en el análisis del caso y en una eventual decisión de alta.

La redacción de ese apartado generó objeciones porque el término “preferentemente” podía dejar margen a distintas interpretaciones sobre las funciones de cada especialidad. Por ese motivo, se discutió eliminar esa expresión para precisar el alcance de la intervención profesional.

Las negociaciones mantienen abiertas las diferencias entre el Gobierno nacional, las provincias y sectores del ámbito académico y sanitario. El resultado del debate dependerá de los acuerdos que el oficialismo logre reunir para avanzar con la reforma en el recinto.